Una denuncia en redes sociales reveló presuntos actos de maltrato, tortura y muerte de perros en una camaronera de la Isla Puná. Los reportes preliminares vinculan al personal de la empresa con estos hechos violentos contra los animales.
La Ordenanza de protección y control de la fauna urbana prohíbe estrictamente prácticas como ahogar, sofocar o enterrar animales vivos. Ante la gravedad de las acusaciones, la Dirección de Protección de los Derechos de los Animales (Pro Animal) viajará al lugar para realizar un informe técnico.
Con los resultados de esta inspección, la Comisaría Municipal impondrá las multas administrativas necesarias. Estas conductas califican como infracciones muy graves y pueden recibir sanciones de tres a siete salarios básicos, además de hasta 300 horas de servicio comunitario.
Al mismo tiempo, las autoridades analizan si estos actos cumplen con los elementos del delito detallado en el Código Orgánico Integral Penal (COIP), en su artículo 250.1. Esta ley establece penas de seis meses a un año de cárcel por la muerte de animales de fauna urbana. Si existe crueldad, la pena sube de uno a tres años de prisión. Por esta razón, el Municipio de Guayaquil pidió a su Procuraduría Síndica que presente una denuncia formal ante la Fiscalía, el objetivo es que la justicia penal investigue el caso y castigue a los responsables según la ley.
Este caso ha causado mucha indignación entre los ciudadanos. Además, el suceso refuerza el debate sobre la necesidad de mejorar el control y los castigos frente al maltrato animal en todo el país.
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