El presidente encargado del Consejo de la Judicatura, Damián Larco, anunció este jueves que ha solicitado la renuncia inmediata de todos los directivos de la institución que ocupan cargos de libre nombramiento y remoción. La medida forma parte de un proceso de renovación estructural interna que busca fortalecer la gestión, garantizar transparencia y mejorar la prestación de servicios en el sistema judicial ecuatoriano.
Razones de la decisión
Larco explicó que la actual estructura administrativa presenta limitaciones que impiden cumplir con los objetivos estratégicos del Consejo. “Requerimos una organización que responda de manera efectiva a los retos operativos y de gestión que enfrenta la justicia. Esta renovación es necesaria para garantizar que los servicios lleguen con eficiencia a toda la ciudadanía”, señaló.
El pedido de renuncia afecta exclusivamente a los cargos de confianza y dirección, sin impactar al personal operativo ni paralizar trámites judiciales o administrativos. El Consejo mantendrá todas sus competencias y continuará funcionando con normalidad mientras se completa el proceso de reestructuración.
Contexto institucional
La solicitud llega en un momento de transición para el Consejo de la Judicatura, que ha vivido una profunda crisis de gobernabilidad en los últimos años (seis presidentes en siete años). Larco asumió de forma temporal tras la renuncia irrevocable y posterior censura y destitución de Mario Godoy (18 de febrero) por “manifiesta inoperancia” en el manejo del caso del juez Carlos Serrano Lucero.
El CPCCS ya inició el proceso para designar al nuevo vocal titular y alterno que ocupará la presidencia definitiva. Mientras tanto, Larco enfatizó que su gestión interina priorizará la continuidad de servicios y la preparación de un modelo de administración más eficiente y transparente.
Reacciones
- Revolución Ciudadana: “Es una oportunidad para limpiar la institución, pero debe haber auditoría profunda y no solo cambios cosméticos”.
- ADN y oficialismo: “Apoyamos la renovación. Es necesario ordenar la Judicatura y ponerla al servicio real de la ciudadanía”.
- Gremios judiciales: Preocupación por posible inestabilidad temporal, pero reconocimiento de la necesidad de mejorar la gestión interna.
El Consejo de la Judicatura reiteró que la reorganización no afectará la independencia judicial ni la ejecución de políticas de acceso a la justicia en todo el país.
