La Corte Constitucional del Ecuador aceptó a trámite una demanda de inconstitucionalidad que cuestiona el oficio emitido por el Procurador General del Estado, que sirvió de base legal para que el Consejo de la Judicatura (CJ) designe a un fiscal general encargado.
La demanda, presentada por un grupo de juristas y ciudadanos, argumenta que el oficio del Procurador incurrió en vicios de inconstitucionalidad al interpretar de manera extensiva o errónea las normas sobre la designación temporal del Fiscal General del Estado, lo que habría permitido al CJ actuar sin el debido proceso constitucional.
Aunque el caso fue admitido para su análisis de fondo, la Corte negó la medida cautelar solicitada de suspensión provisional del oficio. Esto significa que, mientras se resuelve el fondo del asunto, la designación del fiscal general encargado se mantiene vigente y produce efectos jurídicos plenos.
Próximos pasos en el proceso
- El Procurador General del Estado deberá presentar su respuesta y justificar la legalidad de su actuación dentro del plazo establecido por la Corte.
- Se abrirá el período de pruebas y alegatos.
- La Corte Constitucional analizará si el oficio vulnera derechos constitucionales, principios de separación de funciones o el debido proceso en la designación de la máxima autoridad de la Fiscalía General del Estado (art. 195 Constitución).
Este caso genera alta expectativa política y jurídica, ya que la figura del fiscal encargado ha sido cuestionada por la oposición y sectores de la sociedad civil, quienes ven en el proceso posibles irregularidades o influencias externas. El oficialismo defiende la legalidad de la designación y la independencia del CJ.
