El movimiento político Construye (lista 25) emitió un comunicado oficial este domingo tras conocerse el informe de la Dirección de Organizaciones Políticas del Consejo Nacional Electoral (CNE), que señala la ausencia total de adherentes permanentes registrados y recomienda iniciar el proceso de cancelación de su personería jurídica por incumplir el umbral mínimo exigido por el Código de la Democracia.
Según el documento técnico conocido por el pleno del CNE el viernes 20 de marzo, Construye —antes denominado Ruptura— no cuenta con ningún adherente permanente en la base de datos electoral, lo que representa menos del 50 % del requisito legal para subsistir como organización de alcance nacional (artículo 327, numeral 7, del Código de la Democracia). El informe, que no alcanzó los votos necesarios para su aprobación en esa sesión, sugería un plazo de diez días para que la agrupación presente descargos.
En su pronunciamiento, Construye aclaró que se pronunciará formalmente y ejercerá su derecho a la defensa una vez recibida la notificación oficial del CNE. El movimiento recordó su trayectoria: inscrito en 2012 con más de 171.000 adhesiones validadas, cancelado en 2014 durante el gobierno de Rafael Correa y rehabilitado años después por el CNE de transición. La organización enfatizó que actuará dentro del marco legal y utilizará todos los mecanismos administrativos y judiciales disponibles para revertir cualquier resolución adversa.
El procedimiento de cancelación se encuentra en fase inicial y requiere notificación formal, oportunidad de descargos y resolución definitiva del pleno del CNE. De concretarse, Construye perdería la capacidad de participar en procesos electorales y operar como entidad política reconocida. Hasta el momento, el organismo electoral no ha emitido resolución final, por lo que el caso permanece en trámite administrativo.
El comunicado de Construye llega en un contexto de revisión simultánea de otras organizaciones políticas, como Unidad Popular, y refuerza el debate sobre la aplicación estricta de los requisitos de subsistencia de los movimientos en el sistema electoral ecuatoriano.
