La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes de Colombia anunció la apertura de una investigación penal de oficio contra el presidente Gustavo Petro, por una presunta intervención en política en vísperas de las elecciones presidenciales previstas para el 31 de mayo de 2026.
La decisión oficial
El documento, firmado por el secretario de la Comisión, Jairo Fabián Corzo Ordóñez, señala que la medida se adoptó en aplicación de la Ley 600 de 2000 y la Ley 5ª de 1992. El proceso busca establecer si Petro incurrió en el delito de “intervención en política”, contemplado en el artículo 422 del Código Penal colombiano. La presidenta de la Comisión, Gloria Elena Arizabaleta, respaldó el inicio de las actuaciones judiciales.
Contexto electoral
La legislación colombiana prohíbe a los funcionarios públicos participar en controversias electorales o favorecer candidaturas, salvo ejercer su derecho al voto. El anuncio ocurre en medio de una campaña marcada por el debate económico y fiscal. Según el DANE, la economía creció un 2,6 % en 2025, tras un avance de 1,5 % en 2024, mientras la deuda neta del Gobierno central alcanzó el 61,5 % del PIB en el primer trimestre de 2025.
Propuestas en disputa
En la recta final hacia los comicios, los candidatos han centrado sus discursos en la sostenibilidad de los programas sociales impulsados por Petro y en el manejo del déficit fiscal. Sergio Fajardo defiende políticas de “responsabilidad fiscal”, mientras Paloma Valencia plantea fortalecer sectores extractivos como el petróleo y la minería. La decisión del Gobierno de no firmar nuevos contratos de exploración petrolera ha intensificado el debate sobre el futuro económico y energético del país.
Un proceso abierto
La investigación contra Petro añade tensión al escenario político colombiano en la semana previa a las elecciones. El desenlace dependerá de las conclusiones de la Comisión y del impacto que este proceso tenga en la confianza ciudadana y en el ambiente electoral.
