En la Comisión de Transparencia y Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional, el abogado Juan José Robles expresó su respaldo técnico y jurídico a los proyectos unificados de reforma a la Ley Orgánica de las Personas Adultas Mayores y al Código Orgánico Integral Penal (COIP), iniciativas orientadas a reforzar la protección integral de este grupo de atención prioritaria.
Acceso automático a beneficios y reducción de trámites
Robles destacó que las reformas representan un avance relevante en el sistema jurídico ecuatoriano al establecer el acceso automático y de oficio a beneficios tributarios, exoneraciones y descuentos para adultos mayores, eliminando barreras administrativas y reduciendo la necesidad de trámites presenciales.
Según explicó, la propuesta fortalece principios constitucionales como la igualdad material, la acción afirmativa y la protección reforzada de derechos.
El jurista señaló además que la interoperabilidad de datos entre instituciones públicas, entidades financieras y gobiernos locales permitirá la aplicación directa de estos beneficios sin requerir documentación adicional. En ese sentido, afirmó que “la reforma traslada la carga administrativa desde el ciudadano vulnerable hacia el Estado, que tiene la obligación de garantizar el acceso efectivo a sus derechos”.
Cambios en el ámbito penal
En materia penal, Robles consideró necesario incorporar tipos específicos relacionados con violencia patrimonial, económica y abandono de personas adultas mayores, así como establecer agravantes cuando estas conductas sean cometidas por familiares, cuidadores o personas de confianza.
El especialista sostuvo que estas reformas permitirían enfrentar con mayor eficacia situaciones de abuso e impunidad que actualmente se procesan bajo figuras penales generales.
No obstante, advirtió que cualquier incremento de penas debe analizarse de forma integral dentro del COIP, con el fin de mantener la proporcionalidad entre delitos contra la integridad personal y el patrimonio.
Hacia un modelo de protección integral
Finalmente, Robles señaló que las reformas propuestas son constitucionalmente viables, técnicamente consistentes y necesarias para consolidar un modelo de protección integral que garantice la dignidad, autonomía y seguridad de las personas adultas mayores en Ecuador.
