En el marco de la fiscalización que realiza la Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana de la Asamblea Nacional sobre la adquisición de 60 trolebuses eléctricos por parte del Municipio de Quito, el concejal metropolitano Michael Aulestia compareció para exponer hallazgos que cuestionan la transparencia y legalidad del proceso. El edil detalló inconsistencias detectadas en la importación de las unidades, destacando valores elevados en fletes —más de 2,3 millones de dólares para 59 trolebuses— y obstáculos en la liberación aduanera por falta de documentación adecuada.
Aulestia enfatizó que el procedimiento no se ajustó al régimen especial de contratación pública, ya que no involucra bienes estratégicos de salud ni financiamiento internacional, según confirmó el Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP) tras solicitud de control posterior. En su intervención, señaló que el convenio con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) habría facilitado una posible triangulación, derivando en un sobreprecio aproximado de 55.000 dólares por unidad y un perjuicio estimado superior a los 2,5 millones de dólares para las finanzas quiteñas.
El concejal recordó que, el 8 de abril de 2025, se pidió a la Contraloría General del Estado un examen especial, cuyo informe —emitido en diciembre de ese año— determinó responsabilidades administrativas, glosas por irregularidades y omisión de procedimientos nacionales de contratación, vulnerando principios de legalidad, transparencia y eficiencia en el manejo de recursos públicos. Estas observaciones apuntan directamente a la gestión del alcalde Pabel Muñoz y autoridades de la Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros.
Para finalizar su exposición, Aulestia instó a fortalecer los controles sobre convenios internacionales y alertó sobre el riesgo de que se repitan prácticas similares en el Municipio. La Comisión recibió el testimonio como insumo clave para profundizar la investigación y garantizar mayor escrutinio en procesos de adquisición pública que impactan directamente en la movilidad y el presupuesto de la capital.
