La Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana de la Asamblea Nacional continuó el análisis del proyecto de reforma a la Ley Orgánica contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes. La propuesta reúne cinco iniciativas legislativas y busca fortalecer la prevención, investigación y sanción de estos delitos.
Durante la sesión, la comisión recibió los aportes técnicos de Francisco Freire Segarra, docente de la Pontificia Universidad Católica, quien revisó el proyecto desde el enfoque de la técnica legislativa, la seguridad jurídica y la eficacia de la norma.
La presidenta de la comisión, Lucía Jaramillo, señaló que la reforma busca brindar mayor protección a mujeres, niñas, niños, adolescentes y personas en condición de vulnerabilidad, quienes suelen ser las principales víctimas de las redes de trata y tráfico ilícito de migrantes.
Además, destacó que la iniciativa pretende fortalecer las herramientas del Estado para prevenir estos delitos, mejorar las investigaciones y sancionar a los responsables, con el fin de reducir la impunidad.
Durante su intervención, Freire Segarra presentó cinco recomendaciones para mejorar el texto del proyecto. En primer lugar, propuso incluir una definición clara de explotación laboral o hacer una referencia directa al Código Orgánico Integral Penal (COIP).
También sugirió reemplazar las referencias generales sobre la esclavitud moderna por normas específicas de instrumentos internacionales, con el objetivo de brindar mayor seguridad jurídica.
El especialista recomendó, además, evitar conceptos ambiguos al definir las modalidades de explotación, limitar la reforma a la Ley de Inquilinato al ámbito laboral y armonizar las disposiciones sobre prevención digital con la legislación vigente en materia de protección de datos personales.
Al finalizar su exposición, Freire Segarra afirmó que el proyecto constituye una herramienta importante para enfrentar la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes. Sin embargo, señaló que su eficacia dependerá de una redacción clara, precisa y jurídicamente sólida.
