La Comisión de Transparencia y Participación Ciudadana continuó la recepción de criterios técnicos sobre el Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria para la Prevención y Erradicación del Reclutamiento o Utilización de Niñas, Niños y Adolescentes, iniciativa que busca fortalecer las herramientas legales frente a la captación de menores por parte de organizaciones delictivas.
Durante la sesión, el experto André Santos planteó la necesidad de incorporar mecanismos de regulación en el ámbito de las telecomunicaciones y sanciones contra la denominada narcocultura. Propuso que la autoridad competente pueda, previa orden judicial, disponer el bloqueo o suspensión temporal de IP, dominios, URL y cuentas asociadas a contenidos utilizados para el reclutamiento criminal. Recordó que medidas similares ya se aplican en la Unión Europea, en coordinación con plataformas digitales como Facebook y TikTok.
“Existe reclutamiento criminal no solo por razones económicas, sino también por factores culturales. Cuando observamos a menores que celebran con música, símbolos, armas o productos asociados al narcotráfico, entendemos que esta no es únicamente una batalla económica, sino también cultural e incluso espiritual”, afirmó Santos.
Asimismo, sugirió complementar la propuesta con reformas al COIP para sancionar el uso y difusión de símbolos vinculados al terrorismo, tomando como referencia experiencias de Alemania, Italia y El Salvador.
Por su parte, el experto Gustavo Salvatore destacó que el proyecto presenta una estructura técnica adecuada y respeta el principio de unidad de materia, pese a contemplar reformas en distintos cuerpos normativos. Subrayó que los niños y adolescentes en condiciones vulnerables constituyen una población de alto riesgo frente a las redes de reclutamiento, aunque aclaró que la incorporación de menores no responde exclusivamente a la pobreza. “Diversos estudios de sociología criminal han demostrado que no existe una relación directa entre pobreza y delincuencia, sino que muchos jóvenes son atraídos por la expectativa de ascenso social, reconocimiento y poder que ofrecen las estructuras del crimen organizado”, explicó.
La comisión continuará recabando aportes técnicos y jurídicos con el propósito de fortalecer el articulado del proyecto, previo a la elaboración del informe para segundo debate en el Pleno de la Asamblea Nacional.
