Quito, 14 de enero de 2026 (Agencia Ecuatoriana de Noticias). La Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social de la Asamblea Nacional inició el proceso de fiscalización sobre los hechos relacionados con el presunto financiamiento irregular de la organización política Revolución Ciudadana, basado en la resolución adoptada por el Pleno del Legislativo el pasado 5 de enero.
Diana Jácome, presidenta de la Comisión, dispuso requerir información a las instituciones de control pertinentes, en particular al Consejo Nacional Electoral (CNE), para que remita informes, registros y documentación sobre el origen, legalidad, trazabilidad y control de aportes y gastos de campaña, conforme a la normativa vigente.
Jácome explicó que el proceso busca transparentar el origen y destino de los fondos públicos utilizados en campañas electorales, en respuesta a revelaciones en casos como Arroz Verde y Metástasis, donde se evidenciaron esquemas de aportaciones de contratistas del Estado y posibles vínculos con narcotráfico.
La titular de la Comisión advirtió que recibir fondos de fuentes ilícitas, como narcotráfico o lavado de activos, implica responder con favores, y enfatizó que la fiscalización no es persecución, sino una respuesta a los ciudadanos para garantizar accountability en el financiamiento electoral.
La Comisión también inició el trámite del proyecto de reformas a la Ley Orgánica de las Personas Adultas Mayores, presentado por la asambleísta Nathaly Farinango, dando paso al proceso de socialización conforme al artículo 57 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
