La Comisión de Seguridad Integral de la Asamblea Nacional recibió este martes observaciones técnicas de la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Corte Nacional de Justicia (CNJ) y el Ministerio de Salud Pública, dentro del análisis del proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a Varios Cuerpos Legales para el Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales del Estado frente al Crimen Organizado, conocida como “Ley Antimafias”.
Durante la sesión, los representantes de las instituciones participantes plantearon recomendaciones orientadas a mejorar la respuesta estatal frente a las estructuras criminales y fortalecer el marco jurídico vigente.
Desde la OEA, Moisés Benamor, delegado de la Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia, señaló que Ecuador forma parte de los países priorizados por el organismo para recibir cooperación técnica en materia de lucha contra el crimen organizado. Entre sus propuestas constan medidas frente al tráfico de drogas sintéticas, control de precursores químicos, sanciones para empresas vinculadas a actividades ilícitas y actualización del listado de sustancias fiscalizadas.
Elizabeth Arribas, representante de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD), advirtió que las organizaciones criminales modifican constantemente sus métodos de producción y distribución de drogas sintéticas, por lo que consideró necesario reforzar la regulación, investigación, cooperación internacional y vigilancia de sustancias químicas.
Por parte de la Corte Nacional de Justicia, los representantes Juan Francisco Martínez y Cristian Ochoa recomendaron revisar varios aspectos del proyecto, entre ellos el incremento de penas relacionadas con la paralización del servicio de combustibles, la proporcionalidad de sanciones en delitos hidrocarburíferos, las responsabilidades aplicables a personas jurídicas y la prevención de duplicidad de delitos para servidores públicos.
Asimismo, plantearon ajustes al régimen de prisión preventiva para garantizar el respeto al debido proceso, la presunción de inocencia y la seguridad jurídica.
El Ministerio de Salud Pública, a través de su directora de Asesoría Jurídica, Carla Aulestia, propuso incorporar medidas para proteger al personal sanitario, brindar atención integral a víctimas de delitos, capacitar a los profesionales para identificar casos relacionados con violencia criminal y fortalecer la medicina legal y forense.
