La Comisión de Seguridad Integral de la Asamblea Nacional continuó el análisis del Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, al Código Orgánico Integral Penal (COIP) y a la Ley Orgánica de Inteligencia, iniciativa que busca enfrentar las telecomunicaciones no autorizadas desde los centros de privación de libertad.
En la sesión, representantes de la Asociación de Empresas de Telecomunicaciones (ASETEL) y del Consejo de la Judicatura presentaron observaciones técnicas para fortalecer la propuesta.
Aportes del sector privado
La presidenta ejecutiva de ASETEL, Patricia Falconí, ratificó el respaldo del gremio y destacó el compromiso con la seguridad nacional y la lucha contra el crimen organizado. Señaló que las medidas deben mantener flexibilidad frente a los avances tecnológicos y precisó la necesidad de delimitar competencias entre operadores, organismos reguladores e instituciones de seguridad pública.
El representante gremial Víctor García añadió que es fundamental precisar términos como “implementar”, “colaborar” y “emitir normativa” para evitar superposición de funciones.
Observaciones del Consejo de la Judicatura
Los delegados Carlos Alomoto y Pablo León respaldaron la iniciativa al considerar que fortalece las reformas penitenciarias y se alinea con estándares internacionales. Resaltaron la incorporación de buenas prácticas como inhibidores selectivos de señal, detección de dispositivos móviles, geolocalización, monitoreo de comunicaciones autorizadas y sistemas de trazabilidad digital.
Además, recomendaron incluir agravantes en el artículo 47 del COIP y sanciones específicas para funcionarios vinculados a telecomunicaciones ilícitas dentro de los centros penitenciarios. También plantearon armonizar las reformas con la legislación vigente para garantizar coherencia normativa.
Decisión de la comisión
Finalmente, la mesa legislativa aprobó de manera unánime la unificación del proyecto con la Ley Orgánica de Regulación de Sistemas de Videovigilancia, consolidando una reforma integral que articula acciones entre el sistema penitenciario, las telecomunicaciones y las instituciones de seguridad.
La propuesta busca cerrar brechas legales y técnicas que han permitido el uso de dispositivos móviles en cárceles, fortaleciendo la capacidad del Estado para combatir el crimen organizado y garantizar la seguridad ciudadana.
