La Comisión de Seguridad Integral recibió los aportes de la Cruz Roja Ecuatoriana en el marco del tratamiento del informe para primer debate del Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Actuación en Casos de Personas Desaparecidas y Extraviadas. La institución resaltó la necesidad de fortalecer la normativa conforme a estándares internacionales y garantizar una atención integral a las víctimas y sus familias.
El gerente de Áreas Esenciales, Jorge Arteaga, explicó que la Cruz Roja aborda la problemática desde una perspectiva neutral, imparcial y humanitaria, enfocándose en el restablecimiento del contacto familiar y en la atención de la salud mental de los allegados.
Por su parte, Gabriela Rojas, coordinadora nacional del Programa de Principios Fundamentales y Valores Humanitarios, presentó tres observaciones:
- Incorporar criterios de la Convención Interamericana para fortalecer la definición y presunción del delito.
- Reforzar medidas de protección para familiares, incluyendo acompañamiento psicológico y apoyo psicosocial.
- Apoyo psicosocial a funcionarios encargados de la gestión e investigación, dada la carga emocional de su labor.
Posteriormente, el experto en derechos humanos Roberto Veloz valoró la calidad técnica del proyecto y su enfoque de protección, pero recomendó visibilizar expresamente a las víctimas indirectas desde la exposición de motivos. También sugirió incluir referencias constitucionales como los artículos 66 y 80, relacionados con el derecho a la integridad personal y las acciones derivadas de desaparición forzada.
Veloz enfatizó la necesidad de incorporar instrumentos internacionales como la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. Además, propuso reforzar las disposiciones sobre acceso a la información, evitando que instituciones públicas se amparen en el secreto para obstaculizar investigaciones, y fortalecer garantías para grupos de atención prioritaria como niños, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad.
La comisión continuará recabando criterios técnicos y jurídicos con el propósito de perfeccionar el articulado antes de presentar el informe para segundo debate en el Pleno de la Asamblea Nacional.
