La Comisión de Seguridad Integral recibió este lunes 20 de abril los criterios de delegados de la Universidad Internacional del Ecuador (UIDE), la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE) y de un experto en Derecho Constitucional, en el marco del tratamiento del informe para segundo debate del Proyecto de Ley Orgánica para Prevenir y Sancionar el Uso Delictivo y la Simulación de Funciones mediante Uniformes de Seguridad Pública.
Martín Domínguez (UIDE) recordó que el derecho penal es taxativo y requiere absoluta claridad en la redacción. Advirtió que, si se mantiene como sujeto activo únicamente a los exservidores públicos, el tipo penal no alcanzaría a quienes faciliten uniformes institucionales sin haber sido funcionarios.
Por su parte, Paulina Ramón (PUCE) cuestionó si la creación de nuevas infracciones es el mecanismo idóneo para prevenir delitos. Consideró más importante reforzar los controles administrativos en la fabricación, entrega y uso de uniformes e insignias.
Nino Cassanello (experto constitucional) señaló que los medios para cometer delitos evolucionan constantemente, incluyendo el uso de insignias, sirenas y balizas en vehículos que simulan autoridad. Propuso que el uso indebido de estos dispositivos se incluya en el capítulo de contravenciones.
En paralelo, la comisión inició el trámite de la objeción parcial por inconveniencia al Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria para el Fortalecimiento del Sistema Penitenciario, aprobado por la Asamblea Nacional el 17 de marzo con 84 votos. La mesa analizará las observaciones del Ejecutivo y elaborará un informe no vinculante para conocimiento del Pleno.
El debate refleja la tensión entre la necesidad de tipificar nuevas conductas penales y la importancia de reforzar controles administrativos para evitar el uso indebido de uniformes y símbolos de seguridad pública, en un contexto de creciente sofisticación de las prácticas delictivas.
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