La Comisión del Derecho a la Salud y Deporte de la Asamblea Nacional continuó el análisis del Proyecto de Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia, recibiendo observaciones de especialistas en derecho constitucional, bioética y derecho penal.
El abogado constitucionalista Pablo Proaño destacó la apertura de la comisión para recoger aportes de distintas corrientes de pensamiento y subrayó que este tipo de debates fortalecen la construcción democrática de las leyes. En su intervención, desarrolló cuatro ejes: la relación entre dignidad humana y posturas bioéticas; el tratamiento jurídico de la eutanasia; la libertad de conciencia; y la objeción institucional.
Proaño recordó que no existe obligación internacional que imponga a los Estados reconocer la eutanasia como derecho humano, y que la sentencia de la Corte Constitucional estableció una excepción penal bajo condiciones específicas. Además, enfatizó la necesidad de garantizar la objeción de conciencia de los profesionales de la salud y planteó mecanismos de registro para quienes decidan acogerse a este derecho.
Aportes académicos y jurídicos
En la misma sesión comparecieron los juristas Osvaldo Santos Dávalos, docente de la Universidad San Francisco de Quito, y Daniel Voldova Marzo, investigador en derecho penal y comparado.
Santos Dávalos manifestó su desacuerdo con la legalización de la eutanasia, advirtiendo sobre riesgos en su aplicación y señalando que el ordenamiento jurídico ya contempla mecanismos de protección de la vida. Voldova, por su parte, recomendó precisar la capacidad legal requerida para solicitar el procedimiento, regular la objeción de conciencia del personal sanitario y revisar la proporcionalidad de las sanciones previstas en el COIP respecto a la ocultación de documentos de voluntad anticipada.
El presidente de la comisión, Juan José Reyes, reiteró que el tratamiento de la iniciativa responde al mandato de la Corte Constitucional y dispuso la conformación de una mesa técnica para profundizar el análisis de las observaciones. Además, invitó a expertos, organizaciones y ciudadanía a remitir sus aportes dentro del cronograma vigente.
