La Comisión de Relaciones Internacionales recibió este jueves a la abogada Martha Díaz, quien presentó observaciones técnicas al Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria de la Ley Orgánica de Movilidad Humana para la Regulación y Ejecución de Procesos de Deportación Masiva. Su intervención puso sobre la mesa vacíos conceptuales y riesgos jurídicos que, según advirtió, podrían afectar derechos ya garantizados.
Díaz cuestionó la falta de una definición clara de esta figura, señalando que el proyecto no establece parámetros concretos como número de personas o periodo de tiempo, lo que genera ambigüedad en su aplicación. Recordó que la normativa vigente ya contempla el concepto de “retorno forzado”, que protege a los ecuatorianos obligados a regresar por decisión de una autoridad extranjera, sin necesidad de crear nuevas categorías imprecisas.
La jurista también alertó sobre inconsistencias dentro de la propia Ley de Movilidad Humana. Indicó que la reforma pretende incluir como población vulnerable a personas que ya han retornado al Ecuador dentro de un artículo que regula la protección de ecuatorianos en el exterior, lo que desnaturaliza el alcance de la norma y duplica disposiciones existentes.
Además, advirtió que al modificar disposiciones actuales se podría eliminar protecciones vigentes, dejando fuera a personas en procesos de expulsión o retornos forzados no masivos, reduciendo el alcance de la protección estatal.
Más allá de nuevas figuras legales, Díaz subrayó la necesidad de atender vacíos reales que afectan a los migrantes retornados, como la falta de mecanismos ágiles para la validación de títulos obtenidos en el extranjero. Propuso fortalecer el rol de los consulados para facilitar trámites, brindar asistencia documental, ofrecer servicios de traducción y orientar a ciudadanos en condiciones de vulnerabilidad.
La abogada enfatizó que la reforma debe priorizar soluciones prácticas y coherentes con el marco legal vigente, evitando duplicidades y garantizando una protección integral para todos los ecuatorianos en situación de movilidad humana. La Comisión continuará el análisis con miras a ajustar el proyecto antes de su debate en el pleno de la Asamblea Nacional.
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