La Comisión de Régimen Económico y Tributario recibió a la intendenta general de la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, Nadia Jalkh, quien presentó observaciones técnicas y jurídicas al Proyecto de Ley Reformatoria a la Ley que Establece Rentas en Favor de las Provincias de Azuay, Cañar, Morona Santiago y Tungurahua por la Venta de Energía Eléctrica. El objetivo es fortalecer la transparencia y eficiencia en la gestión de estos recursos.
Jalkh explicó que, aunque las competencias de la Superintendencia no guardan relación directa con la propuesta, se realizó un análisis especializado. Entre sus recomendaciones, sugirió que en la exposición de motivos se incluya una referencia expresa a que los recursos provenientes de la venta de energía hidroeléctrica benefician a los gobiernos autónomos descentralizados provinciales, municipales y parroquiales rurales, de acuerdo con los porcentajes de distribución establecidos en la ley.
Respecto al articulado, recordó que la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP) ya obliga a los GAD a transparentar anualmente la información sobre proyectos públicos. En ese sentido, propuso que el ente rector de la Planificación Nacional sea receptor de los informes anuales sobre proyectos financiados con estos recursos, dentro del primer trimestre del ejercicio fiscal siguiente, y que dichos reportes se publiquen íntegramente en los portales oficiales de transparencia.
Además, destacó que los recursos transferidos bajo esta ley tendrían un régimen especial de ejecución presupuestaria, por lo que no estarían sujetos a las reglas de distribución del COOTAD, particularmente la disposición que establece una destinación mínima del 70 % para inversión y hasta el 30 % para gasto corriente.
Durante el debate, los legisladores solicitaron precisiones sobre los mecanismos de acceso a la información y el seguimiento de los proyectos ejecutados con estos fondos.
La discusión en la comisión refleja la necesidad de equilibrar la autonomía de los gobiernos locales con mecanismos claros de transparencia y control. Las observaciones de la Superintendencia apuntan a garantizar que los recursos hidroeléctricos se traduzcan en proyectos efectivos y verificables, fortaleciendo la confianza ciudadana en la gestión pública.
