La Comisión de Justicia y Estructura del Estado retomó este lunes 11 de mayo el análisis del Proyecto de Ley Orgánica de Extradición, con la participación de especialistas nacionales e internacionales. En comisión general se recibieron los aportes de Alejandra Vargas, de la Corte Constitucional, y de Norberto de la Mata Barranco, catedrático de Derecho Penal de la Universidad del País Vasco.
Vargas explicó que la extradición es un mecanismo de cooperación entre Estados que debe aplicarse con respeto a los derechos humanos y al debido proceso. Recordó que la Corte Constitucional ya reconoció la prisión preventiva con fines de extradición como medida idónea, aunque advirtió que puede convertirse en vulneración si se prolonga más allá de lo razonable. Por ello, recomendó que las medidas cautelares se ejecuten con apego a la Constitución y que los procesos se conduzcan con agilidad para evitar afectaciones.
De la Mata, por su parte, señaló que la propuesta responde a parámetros de tratados internacionales y constituye una legislación moderna para dar certeza al procedimiento. Sin embargo, cuestionó la redacción del artículo que establece la gravedad de la pena como requisito para la extradición, al considerar que su sentido no está claramente definido.
También planteó dudas sobre la extradición de connacionales, sugiriendo que podrían ser juzgados en su propio país bajo el principio de identidad. Además, propuso revisar la prohibición de extraditar ciudadanos a países donde existan sanciones graves como la pena de muerte o la prisión perpetua, incluso si esta última es revisable, en defensa de los derechos humanos.
Los aportes recibidos apuntan a fortalecer la normativa desde un enfoque garantista, asegurando que la cooperación internacional en materia penal se realice sin vulnerar derechos fundamentales. El debate legislativo continuará con la expectativa de que la nueva ley otorgue claridad y seguridad jurídica en los procesos de extradición.
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