Este viernes 15 de mayo, la Comisión de Justicia y Estructura del Estado avanzó en el tratamiento previo a la redacción del informe para segundo debate del Proyecto de Reformas a la Ley de Inquilinato, con la participación de expertos jurídicos y técnicos.
La directora de Asesoría Jurídica de la Casa de la Cultura, Cristina Pomboza, subrayó que la normativa vigente presenta un desfase legal, pues data de los años 40 y fue reformada en el 2000, manteniendo aún sanciones expresadas en sucres. “Es una ley que tiene un impacto muy importante para los ciudadanos y debe ser armonizada con la Constitución vigente”, afirmó.
Propuso que las sanciones se calculen en relación con el salario básico unificado, con multas no inferiores al 30 %, lo que permitiría mantener valores actualizados mediante estudios técnicos del Banco Central del Ecuador.
Por su parte, el magíster en Derecho Procesal Vinicio Palacios destacó que la propuesta constituye un avance hacia una cultura de paz y recordó que la última reforma se realizó en 2016, en el marco del Código Orgánico General de Procesos. Señaló que el proyecto establece requisitos que brindan seguridad jurídica a los contratos de arrendamiento, generando ingresos al Estado al exigir que aquellos con un canon igual o superior al 50 % del salario básico unificado sean registrados ante notario.
Palacios consideró adecuado incluir la posibilidad de que las controversias en materia de inquilinato puedan resolverse mediante mediación, lo que permitiría descongestionar los juzgados especializados y reducir plazos y costos para los ciudadanos.
Las observaciones y sugerencias serán analizadas en mesas técnicas, en el marco de la construcción del informe para segundo debate, con el objetivo de modernizar una normativa que impacta directamente en la vida cotidiana de arrendadores y arrendatarios.
