La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional calificó por unanimidad el trámite de juicio político contra el presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy. La decisión, tomada en el Salón Mejía Lequerica bajo la presidencia de Ferdinan Álvarez, contó con el respaldo de los diez comisionados presentes, incluyendo a oficialistas y opositores. Con este paso, se activa un cronograma de 15 días para la presentación de pruebas de cargo y descargo, dentro de un proceso que se extenderá por un total de 45 días en dicha comisión.
La solicitud de interpelación fue impulsada por cinco legisladores de la Revolución Ciudadana, quienes acusan a Godoy de incumplir funciones y vulnerar el artículo 168 de la Constitución sobre la independencia judicial. El punto más crítico de la acusación señala presuntas presiones sobre el juez Carlos Serrano para beneficiar a un ciudadano serbio procesado por narcotráfico. Ante la gravedad de los señalamientos, la legisladora Ana Herrera instó al funcionario a dimitir, manifestando que “renunciar no es huir ni aceptar culpabilidad, es un acto de responsabilidad con el país y la democracia”.
El ambiente en la comisión estuvo cargado de fricciones diplomáticas y acusaciones de conflictos de intereses. Durante el debate, se cuestionó la imparcialidad de algunos asambleístas por supuestos vínculos familiares o profesionales con la Judicatura, aunque los señalados rechazaron formalmente las impugnaciones. Mientras tanto, en los exteriores y pasillos legislativos, la tensión política creció ante la posibilidad de que este proceso reconfigure el equilibrio de poder dentro de la Función Judicial en un año electoralmente sensible.
Por su parte, Mario Godoy defendió su gestión minutos antes de la calificación, resaltando una ejecución presupuestaria del 99,30 % en su informe anual ante el Pleno. El titular del CJ confirmó que acudirá a la Comisión de Fiscalización para defenderse, asegurando que su comparecencia será “por deber y en defensa de la transparencia y la institucionalidad”. Godoy ha calificado el proceso como un intento de politizar el control judicial, dejando el escenario listo para una confrontación jurídica y política decisiva en las próximas semanas.
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