En el marco del tratamiento del Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, la Comisión de Desarrollo Económico escuchó a representantes del sector automotriz y de las escuelas de conducción, quienes presentaron propuestas orientadas a la modernización del sistema de transporte y la simplificación de trámites.
Aportes del sector automotriz
- Genaro Baldeón, presidente de la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador, pidió que las reformas prioricen la modernización y simplificación de procesos administrativos. Observó que requisitos como los informes de necesidad y factibilidad fomentan discrecionalidad y corrupción, y defendió que las actividades privadas se rijan por la oferta y demanda sin nuevas cargas regulatorias.
- David Molina, presidente de la Cámara de la Industria Automotriz Ecuatoriana, solicitó evitar restricciones que afecten la competitividad y producción nacional. Propuso la formalización de vehículos de tres ruedas homologados para carga, lo que beneficiaría a pequeños productores y emprendedores. También pidió mantener sin cambios las disposiciones sobre transporte por cuenta propia y renting, para evitar más burocracia.
Aportes de las escuelas de conducción
- Paco Urrutia, presidente de la Federación de Escuelas de Conducción no Profesionales, señaló que las reformas deben responder a la realidad social y rural del país. Propuso revisar los requisitos educativos para licencias no profesionales, al considerar que mayores niveles de escolaridad excluyen a ciudadanos rurales y fomentan prácticas irregulares.
- Planteó ajustes en los procesos de formación, cargas económicas y horas obligatorias de capacitación, indicando que varias disposiciones actuales carecen de sustento técnico y han propiciado la proliferación de escuelas ilegales y trámites irregulares.
Las observaciones recibidas apuntan a que la reforma de la Ley de Tránsito debe equilibrar la modernización del sector automotriz, la simplificación de trámites y la realidad social del país, evitando cargas excesivas y garantizando un acceso más justo a licencias y servicios de transporte.
