La Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional continuó este jueves con el tratamiento del informe para segundo debate del Proyecto de Ley Reformatoria a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial (unificado), recibiendo aportes de representantes de distintos sectores vinculados al transporte y la actividad económica.
El presidente de la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador, Genaro Baldeón, señaló que la reforma debe alinearse con los procesos de simplificación y digitalización impulsados por el Estado, evitando nuevos trámites que generen burocracia. Además, insistió en diferenciar la regulación aplicable al transporte público de la correspondiente al transporte comercial y por cuenta propia, para reducir espacios de corrupción y promover inversión.
Por su parte, Rodrigo Gómez de la Torre, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, advirtió que las reformas deben garantizar la libertad económica y la libre empresa. Expresó preocupación por propuestas relacionadas con tarifas, exigencias contractuales y rotulación de vehículos de carga, al considerar que podrían afectar la competitividad y la seguridad.
En el ámbito de la formación de conductores, José Salcedo, secretario de la Escuela de Capacitación de Tarqui-Manta-Manabí, pidió fortalecer la educación vial en el sistema educativo y precisiones sobre licencias profesionales. Alertó que el artículo 188-A podría elevar los costos de formación y comprometer la sostenibilidad de las escuelas de conducción. En la misma línea, Luis Arias, presidente de la Corporación de Escuelas de Conductores Profesionales, advirtió que el aumento de horas prácticas exigido por el artículo 188-A implicaría mayores inversiones en infraestructura y operatividad, lo que encarecería los cursos y afectaría la oferta de capacitación.
Finalmente, la mesa legislativa aprobó la unificación del proyecto de ley presentado por el asambleísta Diego Salas con el proyecto en debate, al evidenciarse coincidencias en su objeto y alcance normativo.
El proceso de reforma a la Ley de Transporte avanza con aportes diversos que reflejan las tensiones entre modernización, competitividad y sostenibilidad. La Asamblea deberá equilibrar las demandas de los sectores productivos y educativos con la necesidad de garantizar seguridad vial y eficiencia en el sistema de transporte.
