La Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional continuó el tratamiento del Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, con la comparecencia del ministro del Interior, John Reimberg, y del director nacional de Control de Tránsito y Seguridad Vial de la Policía Nacional, Washington Chugá.
Propuestas del Ejecutivo y la Policía
Reimberg explicó que la reforma busca fortalecer la seguridad ciudadana y el orden público mediante la modernización del Sistema Nacional de Tránsito. Entre los puntos destacados mencionó:
- Control estatal reforzado sobre la red vial.
- Interoperabilidad tecnológica para optimizar regulación y respuesta.
- Combate a la corrupción y fortalecimiento institucional.
- Posibilidad de intervenir competencias de GADs en caso de irregularidades.
- Implementación obligatoria de GPS interoperables con el ECU 911 en transporte público y comercial.
Por su parte, Chugá resaltó la necesidad de fortalecer el control operativo del tránsito, la coordinación interinstitucional y la seguridad vial. Defendió además la participación de la Policía en la selección y formación del personal civil de tránsito, para garantizar estándares nacionales y prevenir infiltraciones criminales.
Aportes del sector transporte
El representante de la Federación Nacional de Transporte Pesado del Ecuador (FENAPRE), Luis Vizcaíno, solicitó que la reforma incluya un mayor control sobre la modalidad de cuenta propia, al considerar que la falta de regulación ha fomentado la informalidad. Propuso que la Agencia Nacional de Tránsito supervise esta actividad y verifique la propiedad de la carga transportada.
Vizcaíno también planteó disposiciones específicas para Galápagos, que permitan a las camionetas de transporte mixto prestar servicios complementarios de taxi y turismo, además de un proceso extraordinario de regularización para vehículos que ingresaron legalmente y aún no cuentan con habilitación.
La comisión continuará el análisis del proyecto con el objetivo de consolidar un marco normativo que modernice el sistema de tránsito, fortalezca la seguridad vial y atienda las demandas de los sectores productivos y ciudadanos.
