La Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social de la Asamblea Nacional avanzó en la evaluación de la Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles, con énfasis en los requisitos y condiciones para la rectificación de identidad de género.
Durante la sesión, la presidenta de la comisión, Diana Jácome, explicó que el proceso busca reunir criterios técnicos y jurídicos para revisar la aplicación de la normativa. Además, señaló que el análisis permitirá identificar posibles ajustes que fortalezcan su cumplimiento. Aclaró que este trabajo corresponde a un seguimiento legislativo y no a un proceso de fiscalización.
Como parte de la jornada, compareció el especialista en Psiquiatría Infantil y de la Adolescencia, Alejandro Barzallo, quien presentó criterios desde la perspectiva del neurodesarrollo, la bioética y la salud mental.
Barzallo explicó que la adolescencia implica una etapa de cambios importantes en el desarrollo cerebral, lo que genera retos al momento de evaluar la madurez necesaria para tomar decisiones relacionadas con la rectificación de identidad de género. También indicó que actualmente no existe una herramienta clínica universal que permita certificar esa capacidad.
El especialista recomendó que estos procesos incluyan evaluaciones realizadas por equipos interdisciplinarios, con la participación de profesionales en neuropsicología, psicología clínica, psiquiatría infantil, psicología forense y trabajo social. Además, destacó la importancia de considerar el entorno familiar y realizar un acompañamiento integral.
Durante la sesión, los legisladores intercambiaron criterios sobre la edad mínima, los parámetros para determinar la madurez, el alcance de los informes psicosociales establecidos por la sentencia de la Corte Constitucional, los posibles casos de arrepentimiento y la capacidad del sistema público para atender estos procesos con personal especializado.
Al cierre del encuentro, Diana Jácome señaló que las observaciones recogidas permitirán elaborar un informe técnico. Este documento podría plantear cambios normativos para mejorar la aplicación de la sentencia constitucional y garantizar la protección integral de niños, niñas y adolescentes.
