La audiencia de juicio oral por el caso Triple A, que investiga la presunta comercialización ilegal de hidrocarburos, fue suspendida este domingo a las 17:05 y reprogramada para el 30 de mayo de 2026 a las 08:30, según determinó el Tribunal de Garantías Penales especializado en corrupción y crimen organizado. La decisión se tomó por razones de seguridad, luego de que los procesados Aquiles Álvarez y César Bravo fueran trasladados desde la Cárcel del Encuentro hasta la Unidad Judicial de La Libertad.
La diligencia se reinstaló a las 15:20 tras superar fallas de conectividad y reclamos de la defensa técnica por falta de garantías en el uso de dispositivos electrónicos desde el centro penitenciario. El tribunal ordenó el traslado físico de ambos acusados para garantizar igualdad de condiciones. Tras la suspensión, los procesados retornaron bajo fuerte resguardo: vía terrestre hasta Juntas del Pacífico y luego en helicóptero hasta la cárcel.
Durante la jornada se inició la evacuación de testimonios. La Fiscalía llamó a 25 testigos, pero solo avanzó parcialmente con el primero: Germán Huayamave, técnico de la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH). El testigo reconoció a varios procesados —incluido César Bravo como exdirector distrital 2016-2017— y se refirió a un informe propio sobre comercialización de combustibles. Las preguntas de la Fiscalía, defensas y acusadores particulares no concluyeron; el testimonio continuará el 30 de mayo sin alterar el orden de comparecencia.
El juez ponente Jorge Sánchez anunció que mediante providencia se definirá el lugar y condiciones para la asistencia futura de Álvarez y Bravo. La fiscal Ruth Amoroso confirmó que Germán Huayamave será el primero en retomar su declaración, seguido por Emmanuel Salazar Casañas, Alexis Ushiña Ibáñez, Édinzon Sánchez Bustamante, Medardo Silvia Céleri, Mario Salas Padilla, Washington López Yela, Gabriela Infante Pintado, Carlos Flores Mora, Martha Cecilia Toledo Domínguez y otros 15 testigos más.
El proceso involucra a 16 personas naturales y 6 jurídicas, entre ellas el alcalde de Guayaquil Aquiles Álvarez, acusados por la Fiscalía de presunta participación en el delito de comercialización ilegal de hidrocarburos. La suspensión genera nuevas demoras en un juicio de alta complejidad que ya acumula suspensiones previas y cuestionamientos sobre garantías procesales.
