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Caso Sinohydro: Fiscalía sostiene que las pruebas respaldan una condena por cohecho contra los procesados

El juicio por el caso Sinohydro llegó este miércoles 8 de julio a una etapa clave con el inicio de los alegatos finales de la Fiscalía. Durante su intervención ante el tribunal de la Corte Nacional de Justicia, el fiscal general subrogante, Carlos Alarcón, afirmó que las pruebas presentadas a lo largo del proceso son […]

Caso Sinohydro: Fiscalía sostiene que las pruebas respaldan una condena por cohecho contra los procesados
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El juicio por el caso Sinohydro llegó este miércoles 8 de julio a una etapa clave con el inicio de los alegatos finales de la Fiscalía. Durante su intervención ante el tribunal de la Corte Nacional de Justicia, el fiscal general subrogante, Carlos Alarcón, afirmó que las pruebas presentadas a lo largo del proceso son suficientes para que se dicte una sentencia condenatoria contra los 21 acusados por el presunto delito de cohecho.

Según la Fiscalía, las evidencias reunidas durante la etapa probatoria permiten establecer la existencia de una presunta red de sobornos que habría operado durante la contratación de la empresa estatal china Sinohydro para la construcción de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair. Entre los procesados figuran el expresidente Lenín Moreno, empresarios, familiares y otros involucrados.

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Fiscalía asegura que la evidencia demuestra el presunto esquema de corrupción

En sus alegatos de cierre, Carlos Alarcón explicó que la acusación se sustenta en un amplio conjunto de pruebas recopiladas durante el juicio. Entre ellas constan testimonios, pericias técnicas, documentos oficiales, registros bancarios, información societaria y tributaria, además de evidencias obtenidas mediante cooperación internacional.

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De acuerdo con la teoría del Ministerio Público, entre 2010 y 2018 se habría implementado una estructura para ocultar el pago de más de 76 millones de dólares en supuestos sobornos destinados a asegurar la adjudicación y ejecución del proyecto Coca Codo Sinclair. Para ello, presuntamente se utilizaron compañías nacionales y extranjeras, transferencias internacionales y contratos que, según la investigación, no correspondían a actividades reales.

El fiscal sostuvo que la valoración conjunta de todas las pruebas presentadas durante las 29 jornadas de audiencia permite sostener que los hechos investigados no respondieron únicamente a un proceso de contratación pública, sino a un mecanismo que habría servido para beneficiar económicamente a los involucrados mediante actos de corrupción.

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Asimismo, aseguró que toda la evidencia fue obtenida respetando las garantías del debido proceso y recordó que las defensas tuvieron la oportunidad de cuestionar y debatir cada uno de los elementos incorporados al juicio.

Una vez concluyan los alegatos de todas las partes, el tribunal de la Corte Nacional de Justicia deberá analizar las pruebas y los argumentos expuestos antes de emitir su decisión sobre la responsabilidad penal de los 21 procesados en este caso.

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