El ministro del Interior, John Reimberg, informó que la investigación se desarrolló durante aproximadamente 12 meses. En el proceso participaron la Fiscalía General del Estado, la Policía Nacional y la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE). El caso se activó tras alertas de operaciones financieras inusuales. Estas alertas no coincidían con los ingresos declarados por los investigados.
“Se logró seguir el rastro financiero de una red que operaba bajo apariencia de legalidad”, indicó Reimberg.
Movimientos de dinero alcanzan los 15 millones de dólares
Las autoridades detectaron un esquema financiero de gran escala. El ministro señaló que el total investigado bordea los 15 millones de dólares.
Entre las operaciones identificadas constan:
- Transferencias por cerca de 7 millones de dólares
- Retiros en efectivo por varios cientos de miles de dólares
- Movimientos mediante transporte de valores superiores a 900.000 dólares
Reimberg explicó que los fondos se habrían dividido en múltiples transacciones. Esto habría permitido ocultar su origen real. “Son operaciones fraccionadas que buscan evitar el rastreo del dinero”, afirmó.
Las autoridades realizaron 18 allanamientos. En estos procedimientos se incautaron equipos electrónicos, documentos, dinero en efectivo y vehículos.
Ocho personas fueron detenidas. Entre ellas consta el alcalde de Esmeraldas, Vicko Villacís, además de funcionarios judiciales y servidores públicos.
Beneficiarios incluyen familiares, funcionarios y empresas
La investigación también identificó a distintos beneficiarios del flujo de dinero. Entre ellos se encuentran familiares del alcalde, funcionarios de Petroecuador y miembros de la función judicial. Los montos recibidos variarían entre 72.000 y 750.000 dólares, según los reportes investigados.
Reimberg señaló que el alcalde aparece como una pieza central dentro del esquema. También indicó que parte de los recursos habrían sido distribuidos a personas cercanas.
“Se habrían realizado entregas a jueces, funcionarios y otros actores para facilitar el movimiento de recursos”, sostuvo el ministro.
Las investigaciones incluyen el uso de empresas que habrían servido para canalizar los fondos. Estas estructuras habrían facilitado la dispersión del dinero dentro del sistema financiero. El ministro confirmó que el alcalde fue trasladado a Quito para continuar con las diligencias judiciales.
Reimberg señaló que el proceso sigue abierto y que no se descarta la vinculación de más personas dentro de esta presunta red de lavado de activos.
