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Caso Apagón: Fiscalía pide fecha para formular cargos contra 21 implicados por presunto peculado

La Fiscalía General del Estado solicitó este 29 de abril que se fije fecha y hora para la audiencia de formulación de cargos contra 21 personas en el denominado caso Apagón, una investigación que analiza presuntas irregularidades en contratos eléctricos durante la crisis energética de 2024. El proceso se centra en los acuerdos firmados entre […]

Caso Apagón: Fiscalía pide fecha para formular cargos contra 21 implicados por presunto peculado
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La Fiscalía General del Estado solicitó este 29 de abril que se fije fecha y hora para la audiencia de formulación de cargos contra 21 personas en el denominado caso Apagón, una investigación que analiza presuntas irregularidades en contratos eléctricos durante la crisis energética de 2024.

El proceso se centra en los acuerdos firmados entre la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) y la empresa Progen, los cuales son investigados por un posible delito de peculado. De acuerdo con la Contraloría General del Estado, estos contratos habrían generado un perjuicio económico cercano a los $ 100 millones para el país.

Aunque la Fiscalía no ha detallado oficialmente la lista completa de involucrados, entre los investigados figuran el exgerente de Celec, Fabián Calero, y el exministro de Energía, Antonio Gonçalves, quienes habrían tenido participación en decisiones clave dentro del proceso de contratación.

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Los contratos con Progen contemplaban la generación de 150 megavatios en las centrales de El Salitral, en Guayaquil, y Quevedo, en la provincia de Los Ríos. Sin embargo, pese a que se realizaron pagos anticipados, los equipos nunca llegaron a operar, lo que encendió las alertas de los organismos de control.

El origen del caso se remonta a abril de 2024, cuando el Gobierno declaró la emergencia en el sistema eléctrico para agilizar contrataciones directas y enfrentar los apagones que afectaban a nivel nacional. Bajo este contexto, se autorizaron procesos extraordinarios que ahora son objeto de investigación.

Como parte de las primeras diligencias, en julio de 2025 la Fiscalía ejecutó allanamientos en oficinas, viviendas e instalaciones públicas vinculadas al sector eléctrico, incluyendo centrales térmicas y entidades operativas, con el objetivo de recabar información relevante.

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Con la solicitud de esta audiencia, el caso entra en una fase determinante del proceso penal, en la que se definirán las bases de la acusación formal. Este avance mantiene el interés público debido a su relación directa con la crisis eléctrica y el impacto económico que se investiga.