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Bolivia abre la puerta a la intervención militar en conflictos internos

El presidente Rodrigo Paz promulgó este miércoles 27 de mayo de 2026 una ley que elimina los límites para que las Fuerzas Armadas actúen en conflictos internos. Esta medida llega en un momento de gran tensión, con protestas y bloqueos de carreteras que ya cumplen 22 días y que exigen la renuncia del mandatario. La […]

Bolivia abre la puerta a la intervención militar en conflictos internos
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El presidente Rodrigo Paz promulgó este miércoles 27 de mayo de 2026 una ley que elimina los límites para que las Fuerzas Armadas actúen en conflictos internos. Esta medida llega en un momento de gran tensión, con protestas y bloqueos de carreteras que ya cumplen 22 días y que exigen la renuncia del mandatario.

La Gaceta Oficial del Estado publicó la norma pocas horas después de que la Cámara de Diputados le diera el visto bueno tras un debate virtual el martes. El Senado ya había aprobado el proyecto el fin de semana, cerrando así el proceso en el Congreso. Esta decisión deroga la Ley 1341 sobre Estados de Excepción, que funcionaba desde octubre de 2020, dicha ley anterior frenaba la acción militar en las protestas sociales y fijaba un límite de 60 días para la medida.

La nueva ley no activa de forma automática el estado de excepción, pero da al presidente el poder de usar ese recurso constitucional cuando lo crea necesario. Los legisladores explicaron que la norma busca frenar los conflictos que afectan sobre todo a las regiones andinas de La Paz, Oruro y Potosí. La ley anterior señalaba que los militares solo podían actuar cuando la Policía “hubiera sido superada y no exista otro medio efectivo para restablecer el orden”.

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El anuncio coincide con un momento muy difícil: los bloqueos tienen frenado el transporte de comida y combustible, mientras los grupos sociales siguen firmes con sus protestas en las calles. La decisión de Paz abre un escenario político y social distinto. En este nuevo contexto, la presencia de los militares puede ser clave para frenar las marchas o, por el contrario, para aumentar los choques con la población.

Con la promulgación de esta ley, el gobierno cambia su estrategia ante la crisis y suma más herramientas de control, justo cuando el país vive uno de sus momentos más tensos de los últimos años. El resultado final dependerá del uso que el gobierno haga de este poder y de la reacción de los manifestantes, quienes todavía exigen la salida del presidente.

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