La audiencia de apelación de prisión preventiva del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, fue suspendida este viernes por decisión de la jueza a cargo. La magistrada dispuso la reinstalación del acto judicial con el fin de volver a escuchar los audios en los que la Fiscalía formuló cargos contra los once procesados en el caso Goleada.
La diligencia, convocada por la Sala Especializada Penal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, quedó sin resolución definitiva. Hasta el momento no se ha fijado nueva fecha ni horario para su reinstalación.
Argumentos de la Fiscalía
La agente fiscal a cargo de la investigación señaló que, según las evidencias recopiladas, el equipo Barcelona Sporting Club habría sido utilizado como vehículo para lavar dinero generado a través de la compra de empresas, gasolineras y entidades en Panamá. De esta manera, se habrían obtenido préstamos por aproximadamente USD 2 millones provenientes de la comercialización ilegal de combustibles subsidiados.
Los once procesados (incluido Álvarez) enfrentan cargos por presunta delincuencia organizada, lavado de activos y defraudación tributaria. La Fiscalía sostiene que la estructura societaria articulada alrededor de varias compañías permitió desviar recursos del Estado y blanquearlos mediante operaciones en el fútbol y otros sectores.
Situación actual de Álvarez
Aquiles Álvarez cumple prisión preventiva en la Cárcel del Encuentro (Santa Elena) desde su traslado el pasado fin de semana. El alcalde participa en las audiencias de forma telemática. Su defensa, liderada por el abogado Ramiro García Falconí, insiste en que se trata de persecución política y que las medidas cautelares son desproporcionadas.
Contexto del Caso Goleada
La investigación rastrea presuntas irregularidades en la gestión de recursos del Club Barcelona SC y su vinculación con actividades ilícitas. La suspensión de la audiencia deja en espera la resolución sobre la revisión de la medida cautelar, mientras el proceso principal avanza hacia la etapa de juicio.
El Municipio de Guayaquil y sectores cercanos al alcalde han denunciado que el caso forma parte de una estrategia para debilitar figuras opositoras. La Fiscalía mantiene que las pruebas son técnicas y no responden a motivaciones políticas.
