La Asamblea Nacional vivió una jornada intensa y polémica durante la sesión 088 del Pleno, donde se evidenció un tratamiento diferenciado en los pedidos de levantamiento de inmunidad parlamentaria. El tema ha generado fuertes críticas por el supuesto uso político selectivo de los fueros.
En el caso de la asambleísta Diana Jácome, de la bancada oficialista ADN, la moción para autorizar su enjuiciamiento penal por presunta calumnia fue rechazada. La votación registró solo 54-55 votos a favor, 84 en contra y 3 abstenciones, muy por debajo de los 101 necesarios. Jácome mantiene su fuero y no podrá ser procesada penalmente por ahora.
En contraste, el caso de la asambleísta Mónica Palacios, de Revolución Ciudadana, no fue incluido en el orden del día del Pleno. Al vencer el plazo legal el viernes 24 de abril, su inmunidad se levantó de forma automática, permitiendo que la Corte Nacional de Justicia continúe con el trámite penal en su contra por presunta calumnia.
El correísmo acusó a la bancada oficialista y a la presidenta del Legislativo de aplicar una “doble vara”: proteger a su legisladora mientras permitían el avance del caso contra Palacios. Desde el oficialismo se defendió que se actuó conforme a la ley y los plazos establecidos.
Estos casos forman parte de una ola de querellas cruzadas entre bancadas en medio de la alta polarización legislativa. La inmunidad parlamentaria, que requiere mayoría calificada para ser levantada, ha reavivado el debate sobre si se utiliza como escudo político o como garantía legítima para el ejercicio de las funciones.
