El uso indebido de uniformes e insignias de la seguridad pública dejará de ser una falta menor para convertirse en un delito. Así lo establece el proyecto de reforma al Código Orgánico Integral Penal (COIP) que la Asamblea Nacional analizó en primer debate este martes 20 de enero de 2026. La propuesta contiene cuatro artículos y busca aumentar los castigos actuales, con este cambio la justicia sancionará la usurpación de uniformes con penas de 30 a 90 días de cárcel, lo que duplica el castigo vigente que solo llega a los 30 días.
El proyecto también incorpora una nueva figura penal llamada “Simulación de autoridad operativa”. Este nuevo artículo castiga a quienes creen escenarios engañosos, como falsos operativos, retenes o patrullajes. Por realizar estas acciones, los culpables podrían enfrentar penas de 1 a 3 años de prisión, sin importar que hayan cometido otros delitos adicionales.
Además, las sanciones suben si el uso de los uniformes causa la pérdida de libertad de alguien, el ingreso ilegal a viviendas o daños a la propiedad, alcanzando penas de 3 a 5 años. Si el engaño involucra específicamente a la Policía Nacional o a las Fuerzas Armadas, la sanción será de 5 a 7 años de cárcel.
La realidad actual muestra que cualquier persona puede comprar chalecos antibalas o uniformes militares con logotipos oficiales en tiendas o internet por unos 55 dólares. Como no existen filtros de seguridad para estas compras, los grupos delictivos aprovechan esta facilidad para fingir operativos y cometer crímenes graves.
Por esta razón, los asambleístas de la bancada ADN respaldaron las reformas durante el debate, pues consideran que son herramientas necesarias para combatir a las bandas organizadas y recuperar la confianza de los ciudadanos en las instituciones.
Con este endurecimiento de las leyes, la Asamblea busca cerrar los vacíos que permitían a los criminales actuar con impunidad usando prendas oficiales. Esta práctica ha aumentado la inseguridad en varias ciudades del país, por lo que el legislativo espera que las nuevas reglas frenen el uso ilegal de los uniformes de seguridad pública.
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