El pleno de la Asamblea Nacional dio paso a un informe de fiscalización relacionado con la adquisición de 60 trolebuses eléctricos destinados al sistema de transporte de Quito, ejecutado durante la gestión del alcalde Pabel Muñoz. El documento será enviado a entidades de control para su análisis.
La aprobación se dio con el respaldo de la bancada de gobierno y legisladores independientes, mientras que la Revolución Ciudadana votó en contra de la resolución. El informe recoge observaciones sobre el proceso administrativo y contractual de la compra.
Entre los aspectos revisados se encuentra la participación de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) en el esquema de contratación, lo que permitió ejecutar la compra bajo un modelo de cooperación internacional.
El valor del proyecto alcanza aproximadamente los 32,9 millones de dólares. Según el informe, existen elementos dentro del proceso que deberían ser evaluados por organismos de control para verificar su correcta aplicación.
El documento recomienda que el Concejo Metropolitano de Quito solicite explicaciones a la administración municipal, y que la Contraloría y la Fiscalía analicen el caso si lo consideran pertinente. También sugiere informar a instancias de Naciones Unidas sobre el contenido del informe.
Desde la Revolución Ciudadana se rechazó la decisión legislativa, al considerar que la fiscalización responde a un escenario político en medio del proceso electoral.
