La Asamblea Nacional de Ecuador se convirtió nuevamente en el epicentro de la pugna política tras aprobar, con 76 votos a favor, una resolución que insta a la Fiscalía General del Estado, al Consejo Nacional Electoral, a la UAFE y al Tribunal Contencioso Electoral a acelerar las investigaciones sobre el presunto financiamiento irregular de la campaña presidencial de la Revolución Ciudadana en 2023.
La propuesta, liderada por el legislador de ADN Luigui García, contó con el respaldo del bloque oficialista y sus aliados, mientras que la bancada correísta manifestó su rechazo frontal con 58 votos en contra, argumentando una persecución política en medio de un escenario de alta polarización.
El documento aprobado establece una postura institucional firme al rechazar cualquier intento de injerencia extranjera o flujo de capitales ilícitos que busquen alterar los procesos democráticos en el país. Además, el Pleno expresó su preocupación por los persistentes señalamientos que vinculan a actores de la Revolución Ciudadana con recursos provenientes del régimen venezolano, exhortando a las instituciones competentes a actuar con total independencia, objetividad y transparencia para esclarecer el origen de los fondos utilizados en la última contienda electoral.
Durante el desarrollo del debate, la legisladora Diana Jácome, quien preside la Comisión de Transparencia, presentó pruebas audiovisuales que sacudieron el hemiciclo, destacando el testimonio del asambleísta suspendido Santiago Díaz, quien admitió haber transportado dinero desde Venezuela por disposición de Rafael Correa.
Jácome también alertó sobre inconsistencias financieras en los reportes de la Revolución Ciudadana que ascienden a casi medio millón de dólares, vinculando estos hallazgos con la investigación judicial denominada “Caja Chica”, la cual involucra a figuras de alto perfil como Luisa González y Andrés Arauz en presuntos delitos de lavado de activos.
Finalmente, la resolución subraya la expectativa sobre las futuras revelaciones que podrían aportar personajes clave como Alex Saab y Leonardo Cortázar, cuya llegada al país se prevé determinante para el avance de las causas judiciales. Con este movimiento legislativo, el oficialismo busca ejercer una presión política directa sobre los organismos de control, exigiendo resultados concretos frente a las denuncias de corrupción y financiamiento ilegal, en un contexto donde la lucha por la integridad del sistema electoral se ha vuelto la prioridad de la agenda parlamentaria.
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