Con 80 votos a favor, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó los cambios a la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo. Los legisladores basaron su decisión en el informe final que presentó la Comisión de Gobiernos Autónomos. Esta nueva norma busca actualizar la planificación de las ciudades y dar más fuerza al crecimiento de cada localidad.
Los puntos clave de la reforma
La ley aclara ahora conceptos importantes para los ciudadanos. Por ejemplo, define el «derecho a edificar» como la facultad que tiene una persona para construir en un terreno, siempre que respete las reglas municipales y los límites de altura o espacio permitidos.
Además, la reforma establece nuevas reglas sobre cómo el ente de planificación nacional debe informar sobre posibles fallas o infracciones. También detalla con precisión los montos de las multas para quienes no cumplan con la normativa. Para que estos cambios funcionen, los municipios y gobiernos locales tendrán un plazo de un año para actualizar sus reglamentos y ordenanzas.
El nuevo Sistema de Catastro
Otro avance importante es la creación de un Sistema Nacional de Catastro mejor estructurado. La ley incluye planes de ayuda técnica para aquellos municipios que tengan menos recursos o capacidad tecnológica. De esta manera, el país contará con información integrada y moderna sobre el uso de la tierra en todas las regiones.
Aclaraciones sobre las autoridades locales
Durante el debate, la asambleísta Lucía Pozo desmintió los rumores sobre posibles castigos severos a las autoridades. Ella aseguró que la ley no permite que la Superintendencia de Ordenamiento Territorial destituya a los alcaldes, calificando esos comentarios como falsos. Pozo destacó que el proyecto se construyó conversando con representantes de prefecturas, municipios y juntas parroquiales (Congope, AME y Conagopare).
Cambios en la planificación y sanciones
La reforma introduce ajustes para que los planes de construcción sean obligatorios y más organizados. También regula la responsabilidad que tienen los consultores y constructores sobre sus obras, incluso después de terminarlas.
Finalmente, el sistema de sanciones se ha reestructurado para que sea más práctico y logre evitar que se cometan infracciones urbanísticas. El documento ahora pasará a manos del presidente de la República, Daniel Noboa Azín, quien deberá decidir si aprueba la ley o le realiza alguna objeción. Con esta herramienta, el Ecuador busca una planificación más eficiente que responda a las necesidades reales de sus habitantes.
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