La Asamblea Nacional dará inicio este martes 24 de marzo al primer debate del proyecto de Ley Orgánica de la Eutanasia, un texto unificado a partir de cuatro iniciativas legislativas que busca establecer un marco normativo claro y controlado para esta práctica, tras el fallo de la Corte Constitucional de febrero de 2024 que eliminó su tipificación como homicidio en casos específicos.
La propuesta responde directamente al mandato constitucional que despenalizó la eutanasia en circunstancias excepcionales, dejando al legislador la tarea de fijar reglas precisas para su aplicación bajo supervisión estatal. El proyecto reconoce el avance médico que permite prolongar la vida biológica, pero también el sufrimiento intenso que puede generar en enfermedades graves e incurables, y lo enmarca en derechos fundamentales como la autonomía personal, el libre desarrollo de la personalidad y el acceso a una muerte digna.
Entre los requisitos establecidos se incluyen: padecer una enfermedad grave e incurable o lesión irreversible, experimentar sufrimiento intenso, contar con información completa y expresar voluntad libre, informada y persistente. Solo podrán acceder ciudadanos ecuatorianos o residentes permanentes, y se contempla el uso de voluntades anticipadas cuando la persona no pueda decidir directamente. El texto fija límites claros: pobreza, discapacidad o edad no constituyen causales ni impedimentos, con el fin de prevenir discriminación o presión indebida.
La normativa exige controles clínicos y éticos previos, registro detallado en la historia clínica y protocolos institucionales para cada caso. Refuerza el derecho a rechazar tratamientos que solo prolonguen la vida sin beneficio, diferenciándolos claramente de la eutanasia. Además, abre debate sobre la autonomía progresiva de menores, el rol de representantes legales y la objeción de conciencia del personal de salud, sin que esta última limite el acceso efectivo al procedimiento.
El proyecto busca posicionar a Ecuador entre los países que regulan la eutanasia bajo estrictas condiciones y control institucional, evitando discrecionalidad y garantizando transparencia. Temas sensibles como burocracia excesiva, tiempos de respuesta, aplicación fuera de hospitales y participación de comités de evaluación serán centrales en el debate en el Pleno. Tras el primer informe, la norma pasará a segundo debate antes de una posible aprobación final.
