Con 83 votos a favor, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó el Proyecto de Ley Reformatoria a la Ley de Régimen Tributario Interno para Incentivar la Construcción de Viviendas de Interés Social y Reducir el Déficit Habitacional. Esta reforma legal, tramitada con carácter de urgencia económica, recibió el respaldo de los legisladores tras ser debatida en Machala. El texto final se basó en las sugerencias de la Comisión de Desarrollo Económico.
El objetivo de la nueva norma
El presidente de la Asamblea, Niels Olsen, recordó que actualmente 720.000 familias no tienen un hogar digno. Gracias a este cambio, las empresas privadas ahora podrán pagar su Impuesto a la Renta construyendo directamente casas para los sectores populares.
La asambleísta Valentina Centeno, quien presentó el informe, destacó que la norma busca la justicia social: “Se trata de darles una mejor calidad de vida, fortalecer su estabilidad, su salud, su seguridad y, sobre todo, su futuro”.
¿Cuáles son los beneficios principales?
La ley organiza la ayuda en dos grupos principales. El primero ofrece un subsidio total del Estado para las familias que viven en extrema pobreza. El segundo entrega un apoyo económico parcial, permitiendo que las personas completen el pago de su casa mediante un crédito.
Además, las obras podrán levantarse en terrenos del Estado, en tierras donadas o en predios que ya pertenezcan a las familias beneficiadas. Las empresas que participen recibirán una rebaja de hasta el 100 % del valor que donen en su Impuesto a la Renta, siempre que no supere el 30 % del impuesto total que deben pagar. Este beneficio especial estará vigente entre los años 2026 y 2029.
Impacto en el empleo y la economía
La nueva ley también servirá para reactivar la economía y crear puestos de trabajo. Al fomentar la construcción, el Gobierno espera que sectores como el transporte, la venta de materiales, los servicios técnicos y el comercio inmobiliario tengan un crecimiento importante.
Para asegurar que la ayuda llegue a quien más la necesita, las autoridades de vivienda elaborarán cada año una lista de prioridades. Este catálogo se enfocará en las zonas del país que tengan mayores niveles de pobreza y falta de hogares.
Próximos pasos para su aplicación
El Servicio de Rentas Internas (SRI) y el Ministerio de Vivienda tienen ahora 30 días para crear los reglamentos necesarios. Estas reglas garantizarán que la ley se aplique correctamente. Además, el Estado evaluará cada año cuánto dinero se ha invertido y qué impacto real tiene la medida en la economía nacional.
La ley entrará en vigencia una vez que aparezca en el Registro Oficial. De esta forma, se convierte en una herramienta clave para que el sector público y las empresas privadas trabajen juntos para reducir la falta de vivienda en el país.
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