La madrugada de este martes 17 de marzo, alrededor de las 02:00, miembros de la Policía Nacional realizaron un allanamiento en la residencia del alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, en el marco de una investigación por presuntos movimientos financieros injustificados por un valor aproximado de USD 80.000 en sus cuentas personales durante los últimos cinco años.
El propio alcalde compartió en sus redes sociales un video de poco más de 10 minutos en el que relata con detalle lo ocurrido. Según Zamora, agentes policiales tocaron a su puerta en horas de la madrugada; él mismo facilitó el acceso y colaboró durante todo el procedimiento.
Indicios incautados Durante el allanamiento se decomisaron:
- Dos computadoras
- Un teléfono celular
- Varios dispositivos USB
- Dos documentos relacionados con trámites en instituciones públicas
Zamora indicó que la diligencia se realizó sin mayores inconvenientes y que entregó toda la información solicitada. El alcalde enfatizó que está dispuesto a colaborar con la justicia y aclarar cualquier duda sobre el origen de los recursos investigados.
Contexto de la investigación
La Fiscalía General del Estado abrió una indagación previa por posible enriquecimiento ilícito, peculado o lavado de activos, tras detectar movimientos bancarios que no coincidirían con los ingresos declarados del funcionario durante su período como alcalde y en etapas anteriores de su carrera política y profesional.
Hasta el momento no se han presentado cargos formales ni se ha solicitado prisión preventiva. La defensa del alcalde anticipó que presentará la documentación necesaria para justificar los montos cuestionados y que el proceso se resolverá con transparencia.
Reacciones iniciales
El Municipio de Cuenca emitió un comunicado oficial asegurando que el alcalde continuará ejerciendo sus funciones con normalidad mientras avanza la investigación. Sectores de oposición y algunos colectivos ciudadanos han pedido máxima celeridad y profundidad en las indagaciones, mientras simpatizantes del alcalde lo respaldan y califican el procedimiento como “persecución política”.
La Fiscalía Provincial del Azuay mantiene la reserva de la investigación y no ha emitido detalles adicionales sobre los movimientos financieros ni sobre el alcance de la indagación.
El caso se suma a otros procesos que involucran a figuras políticas y públicas en el país en los últimos meses, en medio de un ambiente de alta polarización y escrutinio sobre el patrimonio y las actividades económicas de funcionarios electos.
