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Alcalde en Perú en el centro de la polémica por uso de pistola eléctrica

El alcalde de Santiago de Surco, Carlos Bruce, fue grabado mientras disparaba con una pistola eléctrica a su asesor, Arturo Bobbio, en el interior de una oficina. La escena, difundida ampliamente en redes sociales, muestra al regidor entre risas accionando el dispositivo contra su subordinado, que estaba de espaldas y sostenido por otra persona. Tras […]

Alcalde en Perú en el centro de la polémica por uso de pistola eléctrica
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El alcalde de Santiago de Surco, Carlos Bruce, fue grabado mientras disparaba con una pistola eléctrica a su asesor, Arturo Bobbio, en el interior de una oficina. La escena, difundida ampliamente en redes sociales, muestra al regidor entre risas accionando el dispositivo contra su subordinado, que estaba de espaldas y sostenido por otra persona. Tras la descarga, Bobbio se desplomó en el suelo.

El video generó inmediata controversia y cuestionamientos hacia el burgomaestre, quien recientemente confirmó su postulación para la alcaldía de Lima. Bruce, que también se desempeñó como ministro en las administraciones de Martín Vizcarra, Pedro Pablo Kuczynski y Alejandro Toledo, se pronunció en sus redes sociales asegurando que las imágenes correspondían “a un extracto editado y fuera de contexto de una dinámica realizada en un ambiente privado y de confianza”.

Según su versión, se trató de una simulación en la que los presentes participaron de manera voluntaria y sin riesgo real. “No hubo consecuencias mayores”, afirmó, intentando restar gravedad al episodio.

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El hecho se conoció poco después de que Bruce presentara públicamente 150 pistolas de electrochoque modelo Taser 10, adquiridas en Estados Unidos para el personal de serenazgo del distrito. El dispositivo utilizado en la polémica grabación sería del mismo tipo.

La difusión del video ha puesto en entredicho la imagen del alcalde en plena campaña electoral y ha abierto un debate sobre el uso de armas de electrochoque en contextos oficiales y privados. Mientras tanto, la ciudadanía espera que las autoridades aclaren si el episodio constituye una falta ética o un simple acto imprudente.

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