. La bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN) inició una ronda de conversaciones con legisladores independientes y con asambleístas que se desligaron de sus partidos originales, con el objetivo de reunir los 77 votos necesarios para aprobar en segundo y definitivo debate el proyecto de ley urgente enviado por el presidente Daniel Noboa sobre sostenibilidad y eficacia del gasto de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD).
La sesión está convocada para el viernes 20 de febrero a las 11:00 en la Universidad Ecotec, campus Samborondón (Guayaquil). El texto plantea que los GAD destinen al menos el 70 % de su presupuesto de inversión a mantenimiento y reposición de infraestructura y servicios públicos, dejando el 30 % para gasto corriente (personal, bienes y servicios).
Principales argumentos del oficialismo La coordinadora de ADN y presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, Valentina Centeno, defendió la propuesta como una medida de ordenamiento fiscal que busca priorizar necesidades básicas:
- En 2026, el 59 % de los cantones aún no cuenta con alcantarillado sanitario.
- En Manabí solo el 64 % de la población tiene acceso a agua potable de calidad.
- A nivel nacional, casi el 30 % de los ecuatorianos no dispone de agua potable adecuada.
Centeno recordó que el propio Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) aprobado en 2010 por el correísmo ya establecía la regla del 70 % inversión – 30 % corriente, y cuestionó que ahora la oposición rechace la misma proporcionalidad que ellos mismos fijaron.
Críticas de alcaldes, prefectos y oposición Varios gobiernos seccionales (especialmente de RC y algunos independientes) consideran que la norma “castiga la inversión social” y que no fueron suficientemente escuchados durante el trámite. Argumentan que la rigidez del 70/30 podría generar problemas de liquidez en municipios y prefecturas con alta carga de gasto corriente (pago de nómina, servicios básicos, etc.).
El asambleísta Alfredo Serrano (PSC) calificó la narrativa oficial como “mentira”: “Lo único que buscan es quitarle recursos a los municipios y consejos provinciales. Si un alcalde o prefecto es incompetente y no cumple, el Gobierno le quita los recursos petroleros y tributarios. Eso castiga directamente a la población”.
Serrano estimó que la aplicación estricta de la norma podría significar una reducción de hasta USD 1.000 millones anuales para los GAD a nivel nacional.
La asambleísta Cecilia Baltazar (ex Pachakutik) reconoció que muchos GAD destinan la mayor parte de sus recursos a gasto corriente y burocracia, pero insistió en que cualquier sanción debe recaer en la autoridad y no en la ciudadanía. Adelantó que no apoyará el proyecto si no se introducen ajustes que protejan las competencias locales.
Votos clave que definirán la votación ADN necesita 77 votos (mayoría absoluta de 151 asambleístas).
- Cuenta con el respaldo casi total de su bancada y aliados cercanos.
- Está negociando intensamente con:
- Los tres legisladores que salieron de Pachakutik y representan a la Amazonía (liderados por José Nango de Pastaza).
- Los legisladores de minorías de Imbabura, Sucumbíos y Carchi.
- Algunos independientes y exdisidentes del PSC y otras organizaciones.
En contra ya se posicionaron de forma clara:
- Todo el bloque de Revolución Ciudadana.
- Tres legisladores de Pachakutik.
- Los tres representantes del Partido Social Cristiano.
Conclusión La sesión del viernes 20 de febrero en la Universidad Ecotec será decisiva. ADN apuesta por aprobar la ley urgente con el argumento de ordenar el gasto y priorizar inversión en servicios básicos (agua potable, alcantarillado, vialidad). La oposición y varios GAD advierten que se limita la autonomía y se castiga a la población por posibles incumplimientos de las autoridades locales.
El resultado definirá en gran medida la capacidad del Ejecutivo para imponer reglas fiscales más estrictas a los gobiernos seccionales en 2026.
