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Acción de protección contra el CPCCS por conformación de comisión ciudadana

El abogado Joselito Argüello presentó este 18 de enero una acción de protección contra el Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS) y su presidente, Andrés Fantoni. El recurso legal cuestiona cómo se formó la comisión que elegirá al nuevo Fiscal General del Estado. La jueza Ofelia Crespo Zamora, de la Unidad de Violencia contra la Mujer […]

Acción de protección contra el CPCCS por conformación de comisión ciudadana
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El abogado Joselito Argüello presentó este 18 de enero una acción de protección contra el Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS) y su presidente, Andrés Fantoni. El recurso legal cuestiona cómo se formó la comisión que elegirá al nuevo Fiscal General del Estado. La jueza Ofelia Crespo Zamora, de la Unidad de Violencia contra la Mujer de Guayaquil, recibió el caso tras el sorteo correspondiente en la Unidad Judicial Penal Sur.

Argüello denuncia posibles actos de corrupción en el nombramiento de los comisionados, según el abogado el CPCCS vulneró derechos constitucionales al excluir a expertos y juristas de gran trayectoria de manera injusta. El pasado 14 de enero, el organismo seleccionó por sorteo a diez miembros: cinco ciudadanos y cinco delegados de las funciones del Estado. Actualmente, el grupo lo integran ocho abogados, una psicóloga y un comunicador, quienes deben organizar el concurso público para reemplazar al fiscal subrogante, Leonardo Alarcón.

Sin embargo, la Comisión de Seguimiento al Concurso lanzó varias alertas sobre los participantes del sorteo. Según sus observaciones, 14 de los 30 postulantes ciudadanos no debieron pasar la primera fase por incumplir requisitos o tener prohibiciones legales. Además, señalaron que nueve de los diez delegados estatales tampoco cumplían con las condiciones mínimas para el cargo. Estas críticas ponen en duda la preparación de quienes conducirán el proceso de selección.

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La comisión tiene la responsabilidad de cumplir varias etapas críticas: la convocatoria, la revisión de méritos, el escrutinio público y las pruebas de oposición. De este proceso saldrá la máxima autoridad de la Fiscalía en un ambiente lleno de dudas legales y políticas. Este caso reabre el debate sobre la transparencia y la capacidad de las autoridades de control en un momento clave para las instituciones del país.

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