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Plantón en El Oro contra suspensión minera

Cerca de 5,000 personas se reunieron en el sector El Pache, en el límite entre Portovelo y Piñas, para rechazar la suspensión de las plantas mineras que ordenó el Ministerio de Ambiente y Energía. La marcha fue pacífica y unió a trabajadores, familias y autoridades que defienden la actividad económica principal de la zona. La […]

Plantón en El Oro contra suspensión minera
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Cerca de 5,000 personas se reunieron en el sector El Pache, en el límite entre Portovelo y Piñas, para rechazar la suspensión de las plantas mineras que ordenó el Ministerio de Ambiente y Energía. La marcha fue pacífica y unió a trabajadores, familias y autoridades que defienden la actividad económica principal de la zona.

La protesta estalló tras la Resolución Ministerial n.º MAE-MAE-2026-0005-RM. Este documento ordena detener de inmediato la minería en Napo y cerrar las plantas de beneficio en El Oro y Loja.

Según los informes oficiales, el Ministerio tomó esta decisión porque detectó metales pesados (como plomo, arsénico y cianuro) en la cuenca Puyango–Tumbes. El Gobierno sostiene que estos niveles de contaminación superan los límites permitidos y afectan tres puntos clave: los derechos de la naturaleza, el derecho humano al agua, el derecho a vivir en un ambiente sano.

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La alcaldesa de Portovelo, Yulissa Aguilar Espinosa, advirtió que esta medida golpea directamente al corazón de la ciudad, además aclaró que no se oponen a las reglas ambientales, pero criticó que el Ministerio no evaluara el daño social antes de actuar.

Por ahora, la alcaldesa ya solicitó una audiencia con la ministra de Ambiente para pedir que revisen la medida o que la apliquen de forma gradual.

Danilo Castillo, presidente de la Asociación de Propietarios de Plantas (Aproplasmin), confirmó que respetarán la resolución, pero mantendrán el diálogo abierto con las autoridades para proteger el sustento de miles de familias.

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El plantón en El Pache expone la tensión entre el cuidado de los ríos y la supervivencia económica de la región. Mientras el Gobierno busca proteger el agua, los ciudadanos exigen un proceso justo que no destruya el empleo local.

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