La minería ilegal se convirtió en uno de los principales frentes del Plan Nacional de Seguridad Integral (PNSI) 2025-2029, que plantea una estrategia para reducir el poder económico de las organizaciones criminales mediante operaciones militares, controles estatales y la formalización de la minería artesanal.
El Gobierno considera que esta actividad dejó de ser únicamente un problema ambiental para convertirse en una amenaza a la seguridad nacional. De acuerdo con cifras oficiales, la extracción ilegal de minerales genera entre USD 800 millones y USD 1.300 millones al año, recursos que, según las autoridades, alimentan redes de crimen organizado, lavado de activos y otras actividades ilícitas, especialmente en zonas fronterizas y áreas protegidas.
Como parte del plan, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional reforzarán su presencia en los principales focos de extracción ilegal. Las operaciones estarán orientadas a decomisar maquinaria, explosivos y combustibles, además de intervenir centros de acopio y afectar la cadena logística que sostiene a estas estructuras. El objetivo es recuperar el control estatal en territorios donde grupos delictivos han encontrado en la explotación de oro una de sus principales fuentes de financiamiento.
La estrategia también apuesta por la regularización de la minería artesanal. Hasta 2028 se prevé actualizar el catastro minero nacional, fortalecer el marco normativo e impulsar procesos de capacitación para que los pequeños mineros puedan desarrollar su actividad dentro de la legalidad. En ese contexto, el Banco Central ha destinado USD 573 millones durante la última década para la compra de oro proveniente de la minería artesanal y de pequeña escala.
El especialista en seguridad Diego Pérez considera que la propuesta apunta en la dirección correcta, aunque advierte que su éxito dependerá de la permanencia de las acciones estatales. A su criterio, mantener una presencia sostenida de las Fuerzas Armadas en las zonas de mayor conflictividad será determinante para evitar que las organizaciones criminales recuperen el control una vez concluyan los operativos. Asimismo, señaló que la formalización puede convertirse en una herramienta para diferenciar a los mineros legales de quienes operan dentro de economías ilícitas, siempre que instituciones como la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom) cuenten con la capacidad para ejecutar ese proceso.
La ejecución del plan estará a cargo de varias entidades. Las Fuerzas Armadas liderarán las operaciones de neutralización; la Policía Nacional y la Fiscalía asumirán la investigación y judicialización de los delitos; el Ministerio de Energía y Minas y la Arcom impulsarán la actualización del catastro y la formalización del sector; mientras que los Gobiernos Autónomos Descentralizados fortalecerán los controles ambientales y la vigilancia territorial.
El PNSI también reconoce la necesidad de revisar el régimen sancionatorio vigente para endurecer las medidas contra la minería ilegal y fortalecer los controles administrativos y ambientales. Con ello, el Gobierno busca combinar la acción estatal contra las economías criminales con alternativas legales para los pequeños productores, una estrategia cuyo resultado dependerá de la coordinación entre las instituciones y de la continuidad de las acciones en el tiempo.
