Tras seis meses de investigación, la Policía Nacional ejecutó la madrugada de este lunes la operación Ágata en las provincias de Los Ríos y Guayas, logrando desmantelar una organización delictiva dedicada a la importación ilegal y comercialización de medicamentos, principalmente oncológicos. La estructura estaba presuntamente encabezada por un concejal del cantón Vinces, quien operaba junto a su núcleo familiar y otros colaboradores cercanos.
Los implicados importaban fármacos de alto costo desde Turquía, Bangladesh, Bulgaria y Colombia mediante documentación falsa y sin registro sanitario del Ministerio de Salud Pública. Posteriormente, los distribuían a través de redes sociales y aplicaciones de mensajería, exponiendo a pacientes a productos de dudosa procedencia y calidad, lo que representaba un riesgo grave para la salud pública. Según estimaciones preliminares, el perjuicio económico al Estado asciende a cerca de USD 1 millón por evasión de impuestos y aranceles, sumado a un presunto incremento patrimonial injustificado de USD 500 mil.
En la operación se realizaron siete allanamientos simultáneos —incluido un consultorio médico— y se detuvo a seis personas: Miguel Ibis M. M. (45 años), Leidy Juliana Nivela Sevillano (31 años), Henry Javier M. M., Dayanara Belén Cantos Morán (27 años), Consuelo Elena M. M. (59 años) y Carlos Eduardo F. A. (58 años). Entre las evidencias incautadas destacan dispositivos electrónicos, 150 medicamentos oncológicos de alto valor y otros indicios relacionados con la red delictiva.
Los detenidos fueron puestos inmediatamente a órdenes de la autoridad competente para su audiencia de formulación de cargos y medidas cautelares. Todas las evidencias ingresaron bajo estricta cadena de custodia para garantizar la integridad del proceso judicial.
La Policía Nacional resaltó que esta intervención refuerza la lucha contra el tráfico ilícito de medicamentos, un delito que pone en peligro vidas y afecta directamente el sistema de salud pública ecuatoriana. Las autoridades continúan con las investigaciones para identificar posibles nexos adicionales y recuperar los recursos defraudados al Estado.
