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Marcha pacífica en Quito contra reforma al Cootad

Más de 500 personas participaron este jueves en una marcha pacífica en Quito para expresar su rechazo al proyecto de ley que reformaría el Código Orgánico de Organización Territorial (Cootad). La iniciativa plantea que los municipios destinen el 70 % de su presupuesto a obras públicas y mantenimiento, mientras que el 30 % restante se […]

Marcha pacífica en Quito contra reforma al Cootad
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Más de 500 personas participaron este jueves en una marcha pacífica en Quito para expresar su rechazo al proyecto de ley que reformaría el Código Orgánico de Organización Territorial (Cootad). La iniciativa plantea que los municipios destinen el 70 % de su presupuesto a obras públicas y mantenimiento, mientras que el 30 % restante se dirija a gastos corrientes, como el pago de funcionarios.

La movilización inició en las inmediaciones del Banco Central y recorrió el parque La Alameda hasta llegar a la Asamblea Nacional, donde el proyecto deberá ser aprobado o archivado en los próximos 30 días.

La vicealcaldesa de Quito, María Fernanda Racines, advirtió que la reforma podría afectar directamente a servicios sociales municipales como las unidades educativas, los Wawa Centros y los geriátricos, al reducir los recursos para contratación de personal. “Los presupuestos municipales no solo se destinan a calles o veredas, también sostienen obras sociales”, señaló.

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Beneficiarios de programas como 60 y Piquito y madres de niños en los Wawa Centros se sumaron a la protesta, pidiendo al Gobierno y a la Asamblea que no aprueben lo que consideran una propuesta incongruente.

El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, participó en la concentración y calificó la iniciativa como “un puñal al corazón de los gobiernos locales y de su autonomía”. Desde una tarima, criticó al Gobierno central y a la bancada oficialista, insistiendo en que lo único viable es el archivo del proyecto.

La discusión sobre la reforma al Cootad se mantiene abierta en la Asamblea Nacional, mientras las autoridades locales y la ciudadanía advierten sobre sus posibles impactos en la gestión municipal y en los servicios sociales que benefician a miles de personas.

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