Leonardo Héctor Cortázar Arcos, capturado el 20 de marzo de 2025 en Panamá por delitos de delincuencia organizada, arribó la madrugada de este martes a Guayaquil procedente de Panamá (con escala en Quito) en calidad de extraditado.
El procesado, vinculado al caso Encuentro —una red de corrupción que afectó empresas públicas como CNEL EP, BanEcuador y Aduanas—, fue trasladado de inmediato a la Cárcel del Encuentro (Santa Elena) para enfrentar la justicia ecuatoriana por el perjuicio causado al Estado.
El ministro del Interior, John Reimberg, confirmó el arribo a través de su cuenta en X y envió un mensaje directo: “Para quienes no querían que llegue este día. Leonardo Héctor Cortázar Arcos arribó (…) hace un momento y será trasladado a la cárcel del Encuentro (Santa Elena) para que pague por todo el perjuicio que causó al Estado ecuatoriano. Escóndanse en los huecos que quieran: los vamos a encontrar, capturar y llevar ante la justicia. Excelente trabajo Policía Nacional. Cero impunidad. Bienvenido al Ecuador”.
Antecedentes clave del caso Cortázar era prófugo con orden de prisión preventiva vigente por delincuencia organizada. La captura en Panamá se produjo gracias a una Boleta de Difusión Roja emitida por Interpol. El 30 de enero de 2026, Panamá notificó a Ecuador que estimaba procedente la solicitud de extradición activa. La decisión fue comunicada al presidente de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Marcos Rodríguez, el 3 de febrero.
La CNJ ofreció a Panamá todas las garantías procesales: no se someterá a Cortázar a desaparición forzada, torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes, ni a penas de destierro, prisión perpetua o confiscación. Tampoco será juzgado por hechos distintos a los que motivaron la extradición ni entregado a un tercer Estado.
Próximos pasos Cortázar permanecerá en prisión preventiva en la Cárcel del Encuentro mientras avanza el proceso penal. La Fiscalía General del Estado y la Policía Nacional continúan las investigaciones para determinar su grado de responsabilidad y posibles vínculos con otros implicados en la red de corrupción.
Este caso refuerza la política del Gobierno de Daniel Noboa de persecución sin tregua a prófugos y responsables de corrupción y crimen organizado, con énfasis en la cooperación internacional.
