En una sentencia histórica, la Corte Constitucional del Ecuador reconoció oficialmente que Josué, Ismael, Steven y Nehemías, los cuatro niños que desaparecieron en el sector Las Malvinas de Guayaquil el 12 de marzo de 2023, fueron víctimas de desaparición forzada cometida por agentes del Estado.
La resolución, adoptada por unanimidad, establece que los menores fueron detenidos arbitrariamente por patrullas militares que operaban en la zona durante el estado de excepción declarado en esa fecha. Posteriormente, el Estado negó sistemáticamente información sobre su paradero y las circunstancias de la detención, incumpliendo sus obligaciones internacionales y constitucionales de búsqueda, verdad, justicia y reparación.
Principales determinaciones de la Corte
- Los niños fueron privados de libertad de manera ilegal y sin orden judicial por miembros de las Fuerzas Armadas.
- El Estado incurrió en desaparición forzada al no registrar la detención, no informar a los familiares y no investigar de forma diligente los hechos.
- Se configuró una violación múltiple y continua de derechos humanos, incluyendo el derecho a la vida, a la integridad personal, a la libertad y seguridad personal, a la verdad y a la reparación integral.
- La Corte reprochó las declaraciones estigmatizantes del entonces ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, quien en rueda de prensa calificó a los menores como “pandilleros” y sugirió que su desaparición era producto de “ajustes de cuentas entre bandas”, deslegitimando la búsqueda y culpabilizando a las víctimas.
Medidas de reparación ordenadas
La sentencia obliga al Estado ecuatoriano a:
- Ofrecer disculpas públicas de manera solemne, lideradas por el Comandante General de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), ya que la detención inicial fue realizada por patrullas de esa institución.
- Implementar un acto de reconocimiento de responsabilidad en el que se reconozca la desaparición forzada y se comprometa a garantizar no repetición.
- Continuar la búsqueda activa de los cuatro niños hasta esclarecer su paradero o destino final.
- Garantizar reparación integral a las familias, incluyendo indemnización económica, atención psicológica y médica permanente, y becas educativas para los hermanos y demás familiares directos.
- Reformar protocolos de actuación de las Fuerzas Armadas en estados de excepción para evitar detenciones arbitrarias y desapariciones.
- Iniciar acciones penales y administrativas contra los responsables materiales e intelectuales de la desaparición y del encubrimiento posterior.
Reacciones
La sentencia ha sido recibida con alivio y dolor por las familias de los cuatro niños, que llevan más de tres años exigiendo verdad y justicia. Organizaciones de derechos humanos y colectivos de familiares de desaparecidos la calificaron como un “avance histórico” que reconoce por primera vez una desaparición forzada cometida por agentes del Estado en democracia.
El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Gobierno y Defensa, anunció que acatará la sentencia y cumplirá con las medidas de reparación ordenadas. No se han pronunciado aún sobre la responsabilidad específica del exministro Loffredo ni sobre posibles sanciones internas.
El caso de los niños de Las Malvinas se ha convertido en uno de los más emblemáticos de la crisis de derechos humanos que vive Ecuador desde la declaración del conflicto armado interno en 2024, y pone en evidencia las graves consecuencias de la militarización de la seguridad ciudadana sin controles suficientes.
