La jueza de la Corte Nacional de Justicia, Daniella Camacho, llamó a juicio a siete procesados en el denominado caso Liga2, entre ellos el excandidato presidencial Andrés Arauz, por el presunto delito de asociación ilícita. La magistrada determinó que existen elementos suficientes, graves y fundados para presumir la comisión de este delito.
Entre los llamados a juicio se encuentran exintegrantes de la llamada Liga Azul y figuras vinculadas al movimiento Revolución Ciudadana, como Augusto Verduga, Esther Cuesta y Nicole Bonifaz, además de otros exfuncionarios. La decisión se adoptó durante la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio realizada el 17 de abril de 2026.
La Fiscalía General del Estado sostiene que los procesados habrían estructurado una presunta asociación ilícita para controlar espacios de poder en instituciones del Estado, incluyendo procesos de designación de autoridades. Para la etapa de juicio, la entidad anunció la presentación de decenas de testigos, peritos y pruebas documentales.
La jueza ratificó las medidas cautelares vigentes, entre ellas prisión preventiva, presentación periódica y prohibición de salida del país para los procesados.
FISCALÍA
La Jueza de la Corte Nacional de Justicia que conoció la causa acogió el pedido del fiscal general del Estado (e), Leonardo Alarcón, y decidió llamar a juicio a todos los procesados en esta causa por su presunta participación en el delito de asociación ilícita.
En el desarrollo de la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, Fiscalía presentó su dictamen acusatorio, sustentado en múltiples elementos de convicción recabados durante la instrucción fiscal.
Los siete llamados a juicio son los exconsejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) Augusto V., Yadira S. y Eduardo F.; la consejera en funciones Nicole B.; Esther C., expresidenta encargada de la Asamblea Nacional; el excandidato presidencial Andrés A.; y Raúl G.
Según Fiscalía, los hechos habrían ocurrido entre 2024 y 2025. En ese periodo, los procesados habrían pretendido tomar el control de varias instituciones del Estado mediante la designación irregular de sus autoridades, como la Superintendencia de Bancos.
Además, habrían implementado una estrategia para dilatar o evitar decisiones de la justicia electoral, con el fin de mantenerse en sus cargos, a través de maniobras jurídicas irregulares.
La investigación se originó en una denuncia y en un allanamiento ejecutado el 24 de enero de 2025 en las instalaciones del CPCCS, donde se incautaron los teléfonos celulares del exconsejero Sócrates Augusto V. La información extraída de estos dispositivos fue incorporada como elemento de convicción para sustentar el dictamen acusatorio.
A esto se suman versiones de procesados y denunciantes; información de empresas aéreas; informes policiales de pericias solicitadas por Fiscalía –como el cotejamiento de voces–; y documentos, como resoluciones y actas del CPCCS, de la Asamblea Nacional y del Tribunal Contencioso Electoral.
