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Israel aprueba ley de pena de muerte para ataques mortales

El Parlamento israelí aprobó este lunes un polémico proyecto de ley que introduce la pena de muerte para palestinos condenados por actos considerados “terroristas mortales”. La iniciativa, impulsada por el partido de extrema derecha Otzma Yehudit, obtuvo 62 votos a favor, 42 en contra y una abstención. Tras la votación, el ministro de Seguridad Nacional, […]

Israel aprueba ley de pena de muerte para ataques mortales
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El Parlamento israelí aprobó este lunes un polémico proyecto de ley que introduce la pena de muerte para palestinos condenados por actos considerados “terroristas mortales”. La iniciativa, impulsada por el partido de extrema derecha Otzma Yehudit, obtuvo 62 votos a favor, 42 en contra y una abstención.

Tras la votación, el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, celebró con champán junto a legisladores partidarios de la medida. En un video difundido se observa el brindis tradicional judío l’chaim (“a la vida”) y la repetición de la frase “la historia, la historia”. Ben-Gvir declaró: “Con la ayuda de Dios, pronto ejecutaremos uno por uno a todos aquellos que han masacrado, asesinado y quemado”. Los parlamentarios presentes portaban insignias con forma de horca como símbolo de apoyo a la normativa.

El texto establece que la pena capital se aplicará a quienes hayan asesinado con la intención de “negar la existencia del Estado de Israel”. La medida busca endurecer las sanciones contra ataques que hayan causado muertes, en un contexto de creciente tensión en la región.

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La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos pidió “derogar de inmediato la ley discriminatoria sobre la pena de muerte aprobada”, advirtiendo que la normativa contraviene estándares internacionales y podría agravar el conflicto.

La aprobación de la ley abre un nuevo capítulo en el debate sobre justicia y seguridad en Israel. Mientras sectores oficialistas la presentan como un mecanismo de defensa frente a ataques mortales, organismos internacionales y opositores la consideran una medida discriminatoria que profundiza la crisis humanitaria y política en la región.

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