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Gobierno respalda a policías sentenciados en Quito

El Gobierno Nacional expresó su respaldo a dos servidores policiales sentenciados a 17 años y 4 meses de prisión por un procedimiento ocurrido hace una década en Quito. Según el reporte oficial, los uniformados intervinieron para frustrar un robo y, durante el enfrentamiento, una persona falleció. El pronunciamiento fue realizado por el ministro del Interior, […]

Gobierno respalda a policías sentenciados en Quito
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El Gobierno Nacional expresó su respaldo a dos servidores policiales sentenciados a 17 años y 4 meses de prisión por un procedimiento ocurrido hace una década en Quito. Según el reporte oficial, los uniformados intervinieron para frustrar un robo y, durante el enfrentamiento, una persona falleció.

El pronunciamiento fue realizado por el ministro del Interior, John Reimberg, quien cuestionó la condena y afirmó que el Estado brindará acompañamiento jurídico a los servidores afectados. La decisión judicial también contempla el pago de USD 25.000 por reparación integral y una multa equivalente a 60 salarios básicos unificados.

Los policías sentenciados fueron identificados como el sargento primero Diego Trujillo y el cabo primero Leonardo Montalvo, quienes participaron en la intervención policial. Reimberg sostuvo que actuaron en cumplimiento de su deber y que hicieron uso legítimo de la fuerza, arriesgando su vida en defensa de la ciudadanía.

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El ministro señaló que decisiones de este tipo no deben debilitar la moral de las fuerzas del orden y aseguró que el Gobierno mantendrá su respaldo a los policías que actúen dentro del marco de sus funciones. Dispuso además que los equipos jurídicos del Ministerio del Interior y de la Policía Nacional acompañen la defensa de los uniformados.

Reimberg cuestionó que policías que enfrentaron un hecho delictivo reciban una condena tan severa, mientras —según dijo— existen delincuentes vinculados con delitos graves que evaden sanciones por debilidades del sistema judicial.

El caso se incorpora al debate sobre el uso legítimo de la fuerza, la seguridad ciudadana y el respaldo institucional a los miembros de la Policía Nacional. El Gobierno insistió en que los agentes no están solos y que contarán con acompañamiento jurídico en todas las instancias legales correspondientes.

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